Fiscalía investiga a empresas que habrían incurrido en defraudación tributaria al Estado

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 120-DC-2017

Guayaquil, 15 de agosto de 2017.- Luego de las denuncias presentadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía de Guayas realizó varios allanamientos a empresas ubicadas al norte de Guayaquil, donde incurrían presuntamente en el delito de defraudación tributaria.

Dentro de las investigaciones se detectó la utilización de “empresas fantasmas” para descuento de costos y gastos en las declaraciones de Impuesto a la Renta de los períodos comprendidos entre el 2011 y 2015.

En el operativo realizado el pasado martes 08 de agosto de 2017, se incautaron facturas de compras, respaldos contables y computadoras del área de contabilidad, que luego del análisis, determinarán la vinculación de las empresas allanadas.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa efectuada la mañana de este martes 15 de agosto de 2017, la Dra. Patricia Morejón, Fiscal Provincial del Guayas y GeanCarlo Almeida, Fiscal de Flagrancia, junto a autoridades del SRI, entre ellas, Juan Miguel Avilés, Director Zonal 8, Carlos Marín, Jefe de Gestión Tributaria y María Leonor Calero, Jefa de Asesoría Jurídica.

Patricia Morejón, Fiscal de la Provincia del Guayas indicó que se continúa trabajando con la directriz emanada por la Fiscalía General del Estado en lo que respecta a las denuncias presentadas por el SRI ante posibles delitos de defraudación tributaria.

Señaló que la sanción por este delito varía de 1 a 10 años de pena privativa de libertad, dependiendo de las 19 modalidades contempladas en el Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Miguel Avilés, titular de la zona 8 del SRI, mencionó que se detectaron 512 empresas fraudulentas que habrían facturado un monto cercano a los USD 2100 millones en todo el país, lo que habría ocasionado presuntamente un perjuicio al Estado por USD 655 millones.

Datos:

• El delito de defraudación tributaria está tipificado en el artículo 298 del COIP y es sancionada con pena privativa de libertad de hasta 10 años de prisión.

 

J.R – G.M.

 

 

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