En el Caso Aampetra, la Fiscalía cumple su compromiso de acercar la justicia a los ciudadanos
BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 060-DC-2017
Quito, 29 de junio de 2017.- El Tribunal de Garantías Penales notificó a la Academia Aeronáutica ‘Mayor Pedro Traversari’ la disposición judicial de develar una placa en memoria de las víctimas de abuso sexual, como parte de la reparación integral a los 41 niños y niñas, víctimas de atentado al pudor perpetrado por un docente en un aula de clases de esa institución, entre 2010 y 2011.
El evento público para develar la placa, al que se permitirá el libre acceso, está dispuesto según consta en la notificación judicial, para el lunes 03 de julio de 2017, a las 07:00, en la institución educativa ubicada al sur de Quito. La decisión del Tribunal fue comunicada por escrito la noche del 28 de junio de 2017.
Los magistrados emitieron su dictamen después de analizar un informe enviado a la Fiscalía Provincial de Pichincha, solicitándo el control de cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades de la institución educativa.
El pedido de Fiscalía se realizó a propósito de los incidentes sucedidos el pasado 19 de junio, en la Aampetra, día en el que sus autoridades organizaron un evento para cumplir con la reparación integral. Develaron una placa en el aula donde ocurrió el atentado al pudor contra los 41 estudiantes, pero “no se verifica la presencia de los padres de familia”, dicen los jueces en la notificación.
Al no obedecer una sentencia se incurre en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que consta en el 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años…”.
La reparación integral en la sentencia
A pedido de la Fiscalía, la sentencia ordena como reparación integral a las víctimas: que el aula que ocupó el 6to. y 7mo. C, donde estudiaron las víctimas, sea convertida en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartan charlas de prevención contra la violencia infantil.
En dicha aula debe colocarse una placa con la leyenda “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo” en ceremonia pública en un lunes en presencia de representantes del Ministerio de Educación, de UNICEF en el Ecuador, y padres de las víctimas.
La sentencia debe notificarse al Ministerio de Educación para que el Estado establezca políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso del personal docente y administrativo, reza el fallo condenatorio.
Antecedente del caso
José Negrete (contador de profesión) en clases de Ciencias Naturales, obligó a 41 estudiantes a mirar películas pornográficas y después imitar aquellas escenas, estos hechos sucedieron en el año lectivo 2010-2011.
El docente ejerció agresión física, sicológica y sexual a través de intimidación, amenazando de muerte a los padres y más de una vez visitó las casas de los niños y niñas. Cuando se revelaron los hechos el agresor huyó, sin embargo fue capturado en 2015, en Solanda al sur de la ciudad de Quito.
Tras un proceso penal, el victimario actualmente cumple una condena de 7 años de privación de libertad impuesta por el Tribunal Penal (primera instancia) el 21 de marzo de 2016, sentencia que fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha (segunda instancia), en mayo del mismo año.
El 31 de mayo de 2017, la Corte Constitucional negó la acción extraordinaria de protección solicitada por la institución educativa, al resolver que no se vulneran derechos constitucionales en la sentencia que le ordena colocar una placa.
ACV.
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