Fiscalía solicitará control de cumplimiento de sentencia en el caso Aampetra

Fiscalía solicitará control de cumplimiento de sentencia en el caso “Aampetra”

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 044-DC-2017

Fiscalía solicitará control de cumplimiento de sentencia en el caso Aampetra

Quito, 19 de junio de 2017.-  La Fiscalía Provincial de Pichincha presentará un informe a los jueces del Tribunal Penal que en su sentencia ordenaron el ofrecimiento de disculpas públicas a las 41 víctimas de atentado al pudor, delito cometido en la Academia Aeronáutica ‘Mayor Pedro Traversari’ (Aampetra) entre el 2010 y 2011 por el docente Jorge Negrete, ya condenado a 7 años de prisión.

El informe tiene como objetivo “solicitar el control de esta sentencia” para que los jueces analicen si se cumplió o no con el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de las autoridades de Aampetra, anunció Thania Moreno Romero, fiscal Provincial de Pichincha.

La declaración la dio tras abandonar el evento, para cumplir este fallo, organizado por las autoridades del plantel la mañana del 19 de junio, “yo no escuché ninguna disculpa pública que es lo que ordenan los jueces en este caso”, dijo Thania Moreno.

La sentencia

La sentencia del caso determina que a pedido de la Fiscalía: el aula que ocupó el 6to. y 7mo. C, donde estudiaron las víctimas, sea convertida en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartan charlas de prevención contra la violencia infantil.

En dicha aula debe colocarse una placa con la leyenda “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo” en ceremonia pública en un lunes en presencia de representantes del Ministerio de Educación, de UNICEF en el Ecuador, y padres de las víctimas.

La sentencia debe notificarse al Ministerio de Educación para que el Estado establezca políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso del personal docente y administrativo, reza el fallo condenatorio.

El camino judicial del caso Aampetra

El Tribunal Penal (primera instancia) ordenó en la sentencia condenatoria impuesta a José Negrete en marzo de 2016 la reparación integral para las víctimas, decisión judicial que fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha (segunda instancia), en mayo del mismo año.

La Corte Constitucional negó la acción extraordinaria de protección solicitada  por la institución educativa, al resolver que no se vulneran derechos constitucionales en la sentencia que le ordena colocar una placa con la leyenda: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”.

Antecedente del caso

En el año lectivo 2010-2011, José Negrete (contador de profesión) en clases de Ciencias Naturales, obligó a 41 estudiantes a mirar películas pornográficas y después imitar aquellas escenas.

Cuando los infantes se negaban, el profesor les lastimaba con la punta del compás, les quemaba la piel con los morteros del laboratorio de Ciencias Naturales. Ejerció agresión física, sicológica y sexual, a través de intimidación como matar a los padres y más de una vez visitó las casas de las víctimas. Cuando se revelaron los hechos el agresor huyó; sin embargo, fue capturado en 2015.

Estadísticas delitos sexuales en el ámbito educativo

Desde 2011, la Fiscalía General del Estado intensificó la persecución de los delitos sexuales en el ámbito educativo mediante una estrategia tripartita y la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura.

Como resultado de la estrategia, entre 2012 y 2016 ingresaron 834 denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo, un número superior a las 63 registradas entre 2003 y 2010.

Se realizaron 158 acusaciones contra agresores sexuales en el ámbito educativo entre 2012 y 2016. Se acusó por violación, acoso sexual, atentado al pudor (hasta su vigencia), abuso sexual, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos.

Se pasaron 84 audiencias de juzgamiento y se consiguieron 57 sentencias condenatorias entre 2012 y 2016.

 

ACV.

 

 

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