Fiscalía Provincial de Pichincha logró sentencia por el femicidio de una mujer encontrada en Quitumbe
La fiscal especializada en violencia de género, Mayra Soria, investigó el caso.
Quito, 21 de abril de 2017.- Milton C., en el 2015, firmó un compromiso ante los líderes de su comunidad, ubicada en Zumbahua, provincia de Cotopaxi, de no agredir a su esposa, arreglar los problemas de pareja y entregar la alimentación de sus dos hijos, una niña de cinco años y un niño de 8 meses.
Sin embargo, este viernes 21 de abril de 2017 fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión, por el femicidio de su cónyuge, Nancy U., de 23 años.
Los cadáveres de la víctima y de los dos niños de la pareja fueron encontrados en una quebrada en Quitumbe, el 18 de diciembre de 2015.
La fiscal especializada en violencia de género, Mayra Soria, presentó en audiencia de juicio 22 testimonios, entre testigos y peritos.
Una de las pruebas fundamentales para determinar la culpabilidad y lograr la condena fue la pericia que revela la existencia de ADN de Milton C. en la media de naylon enrollada en el cuello del cadáver de Nancy, elemento que le causó muerte por asfixia.
Además, los resultados de las muestras recogidas de las uñas de Nancy evidenciaron ADN de Milton C., con lo que se demuestra la conexión con el crimen.
Mayra Soria también presentó al perito Ítalo Rojas, quien practicó la autopsia psicológica donde reveló que la víctima vivió violencia física, psicológica, verbal y patrimonial por parte de su esposo durante 7 años.
Además la mujer, originaria de Zumbahua, se erradicó en Calderón con sus hijos por problemas económicos y familiares, ya que Mario C. se negaba a pasarle alimentos por lo que tenía varias demandas en Latacunga, razón por la cual la familia de él golpeaba y maltrataba a Nancy.
Asimismo, la víctima también puso una denuncia por violencia psicológica en Latacunga y solicitó medidas de protección, ya que el regresar y separarse de su esposo en un contexto de maltrato, tiene el nombre de ‘círculo de violencia’, concluyó la pericia.
El monto por pensiones alimenticias habría llegado a los 7000 dólares y de la muerte de los tres solo se beneficiaría quien debía cancelar ese dinero, reveló la autopsia psicológica.
En cuanto a la pericia de contexto, la fiscal Mayra Soria convocó a la perito Miriam Ernest, quien explicó ante el Tribunal los factores de vulnerabilidad en los que estuvo la víctima: una mujer indígena, alejada de su familia, incomunicada vía telefónica porque su esposo le quitó el móvil y sin dinero.
Cuanto se presentaron los incidentes de violencia de género, intervinieron los líderes de la comunidad y al aplicar justicia indígena, acordaron la firma del compromiso de no agresión y manutención con el ahora sentenciado, acuerdo que no se cumplió.
“Solicité como reparación inmaterial que la comunidad indígena, que estableció que podía arreglar esta situación, haga conocer esta sentencia en su comunidad, para que analicen que el mal manejo de las situaciones de violencia de género terminan en muerte”, dijo Mayra Soria.
La juez ponente, Fanny Altamirano, aceptó el pedido de la Fiscalía e impuso en su sentencia oral la reparación inmaterial a más de una reparación económica por 10.000 dólares para la familia de la víctima.
Este caso fue seguido por femicidio, tipificado en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con las agravantes del Art. 142, numerales 2 y 4, que determinan la relación entre la víctima y el agresor y que el cuerpo sea arrojado en un lugar público.
La investigación por la muerte de los dos hijos de Nancy U., continúa en proceso en la Fiscalía.