Ciudadano es sentenciado a 26 años de pena privativa de libertad por el asesinato de su padre

La Fiscalía acusó al sentenciado con base al artículo 140 del COIP.

Loja, 6 de junio del 2016.- Las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía fueron consideradas como contundentes, para que Ángel L., sea sentenciado a 26 años de pena privativa, por el asesinato de su padre, Ruperto L.

Esta fue la decisión del Tribunal de Garantías Penales de Loja, durante la audiencia de juzgamiento desarrollada el lunes 6 de junio.

El fiscal del caso Alonso Carrión expuso que el cuerpo de la víctima fue encontrado por sus familiares 52 días después de su desaparición, dentro de una alcantarilla ubicada dentro de su vivienda, en el barrio Celi Román, del cantón Loja.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2015, la víctima llegó a su domicilio. En este lugar discutió con su hijo, quien le agredió en la cabeza con un machete, causándole la muerte. Luego de los hechos el sentenciado arrastró el cuerpo desde uno de los dormitorios y lo escondió en la alcantarilla.

Como prueba documental, la Fiscalía presentó una pericia de ADN, con la que demostró que en el machete había sangre del sentenciado. Además, con esta pericia se comprobó que en varias evidencias halladas en la escena del crimen se encontró sangre de la víctima.

Asimismo, fueron expuestas una prueba pericial de luminol, para detectar la existencia de sangre en el lugar del crimen, y los informes de necropsia e inspección ocular técnica.

Entre los testigos estuvo presente la hija de la víctima. Ella se refirió a que encontró a su hermano en el dormitorio de su papá muy nervioso y luego se percató que el colchón y las paredes estaban machadas de sangre, además encontró un machete.

También estuvo como testigo la hermana la víctima, quien junto a su esposo, encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición y lo reconoció por las prendas de vestir.

El sentenciado fue acusado por asesinato sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.