Tribunal emitió sentencia mixta en caso ‘Pifo Gardens’
Quito, 4 de marzo del 2016.- Luego de seis días de audiencia de juicio, la Fiscalía Provincial de Pichincha comprobó el delito de lavado de activos en el caso “Pifogardens”.
El fiscal del caso, Ramiro Sánchez, informó que el procesado Byron P. fue sentenciado la tarde de este viernes 4 de marzo por el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha.
Para el segundo acusado, José S., el Tribunal declaró su inocencia, a pesar que Fiscalía lo acuso como cómplice del delito, por lo que apelará el fallo de inocencia. En cuanto a Ximena C., el fiscal Sánchez dijo que no tuvo participación en el delito. La pena de esta sentencia mixta se emitirá por escrito en los próximos días.
31 testigos fueron convocados por la Fiscalía a la audiencia de juicio que inició el 10 de febrero contra tres procesados: Byron P., José S. y Ximena C. Mientras ocho personas implicadas en este caso, también llamadas a juicio, están prófugas.
En su teoría del caso Luis Ramiro Sánchez comprobó que el origen del dinero ilícito fue Ecuador: 17 millones de dólares por lavado de dinero con delitos marcarios (beneficios fraudulentos por movimientos tributarios) y 4.7 millones de dólares conseguidos por evasión tributaria.
Manifestó que las investigaciones determinaron que los procesados realizaban exportaciones de carbonato de calcio a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) elevando el precio hasta en un 1.000 % de su valor real.
“Se investigaron a siete empresas ‘ficticias’ que estarían involucradas, a las que se realizó análisis exhaustivos de sus movimientos comerciales y registros financieros”, manifestó el fiscal del caso.
Uno de los testigos presentados por Fiscalía, quien realizó el análisis financiero, explicó que los recursos provenientes de las exportaciones pasaban a través de una triangulación: primero, el dinero proveniente de Venezuela ingresaba a cuentas nacionales, luego permanecía unas 48 horas y finalmente salía a cuentas en Hong Kong, Antillas Holandesas y República de Panamá.
Las investigaciones se iniciaron por denuncias realizadas por la Unidad de Análisis Financieros (UAF), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador (BCE).
Según las investigaciones de la Fiscalía, las compañías involucradas en este hecho ilícito habrían operado de esa manera entre 2010 y mediados de 2012.
La ilicitud de los dineros se originaron en delitos marcarios, tipificados en el último inciso del Art. 575 del Código Penal y en la evasión tributaria.