Orellana difundió información de delitos de género en planteles educativos

Orellana difundió información de delitos de género en planteles educativos

Orellana, 30 de diciembre del 2015.- Entre lo más destacado del trabajo que realizó la Fiscalía Provincial de Orellana en el 2015, está la coordinación de la Red De Prevención Y Atención de la Violencia “Coca” (Red Pav-Coca) a través de la cual se impartieron talleres en ocho colegios de la zona para socializar la problemática de los delitos sexuales en el ámbito educativo.

Los talleres se desarrollaron en el colegio Medardo Ángel Silva; en la Unidad Educativa Presidente Tamayo; en el Honorable Consejo Provincial de Napo; y, en la Unidad el Milenio Yasuní, esta última ubicada en las comunidades Waorani.

“Se realizaron actividades de concienciación a la familia en general sobre violencia de género y sus repercusiones en los menores de edad. Se explicó la importancia de llevar hasta las últimas instancias los casos que se denuncian”, enfatizó Pío Palacios, fiscal Provincial.

La Red Pav-Coca agrupa a instituciones estatales como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Gobernación de la Provincia, organizaciones no gubernamentales, entre otras. También se realizaron casas abiertas para la ciudadanía  y se capacitó al personal de la función judicial y a funcionarios de la institución.

Las investigaciones de la Fiscalía Provincial, respecto a los delitos basados en género, concluyeron con sentencias condenatorias en este año. Se logró una de 26 años por femicidio, también seis sentencias por violación con penas entre 20 y 26 años.

Asimismo se consiguió una sentencia de dos años por violencia sicológica en Joya de los Sachas y otra sentencia por violencia de género de un año 4 meses, a más de un fallo condenatorio de cuatro años por violación, en este caso los sentenciados son adolescentes.

Entre otras actividades desarrolladas durante 2015, están los encuentros de socialización a las autoridades locales del portal ‘Delitoscopio’ de la Fiscalía General del Estado, para georreferenciar el delito y permitir la construcción de estrategias de seguridad en los lugares con altos índices delictuales, en el marco de los encuentros de los Comités de Seguridad Ciudadana.