Prisión preventiva para procesadas por presunto tráfico ilícito de drogas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1096-DC-2024
Ambato (Tungurahua), 01 de octubre 2024.- El Juez de Garantías Penales que conoció la causa dictó prisión preventiva para Lizeth Madeline O. L. e Ivanova Jamileth D. A., con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía. Las mujeres son procesadas por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias a gran escala.
En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso relató que los hechos ocurrieron la noche del 29 de septiembre en la Av. Panamericana, en el sector del parque industrial de Ambato. A través de fuentes reservadas, se obtuvo información sobre una camioneta que presuntamente transportaba sustancias ilícitas.
Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y observaron la camioneta estacionada en una gasolinera. En el vehículo se encontraban Lizeth Madeline O. L. e Ivanova Jamileth D. A., ahora procesadas.
Durante el registro al automotor se encontraron 199 paquetes de una sustancia compacta de color beige, envueltos en plástico. Los análisis químicos y de campo determinaron que se trataba de media tonelada de base de cocaína, lo que motivó la aprehensión de las sospechosas, que fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados, incluyendo el acta de pesaje y análisis de la sustancia incautada, las versiones de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias encontradas.
El Magistrado dispuso el traslado de las procesadas al Centro de Rehabilitación Social de Ambato. La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
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