La mañana del 19 de noviembre de 2003 se ejecutó un operativo antidelincuencial en una de las farmacias de la cadena Fybeca, en el norte de Guayaquil. Un grupo de 20 policías (10 del GIR y 10 de GEA) –con armas de alto poder– abrió fuego contra personas desarmadas.
Ocho recibieron disparos por la espalda, mientras estaban en el suelo: 6 presuntos asaltantes, un cliente y un empleado de la farmacia. El cliente (que compraba pañales) fue el que más disparos recibió. El trabajador del local fue alcanzado por un disparo en la cabeza y removido de la escena, al igual que los cuerpos de otros tres. Los uniformados se llevaron a tres personas, dos de ellas desaparecidas hasta la actualidad.
En 2004, estos hechos se judicializaron en una Corte Policial, con la teoría de que intervinieron en un asalto en curso. Entonces, bajo trabas e irregularidades –como la siembra de pruebas en la escena del delito–, el grupo policial fue declarado inocente. No se investigaron las desapariciones.
Con base en el Informe Final “Sin Verdad no hay Justicia”, Fiscalía abrió dos procesos –en 2011 y 2016–, bajo el marco judicial de los derechos humanos. Es decir, el caso entró en materia de imprescriptibilidad, debido a que constituye una violación grave a los derechos humanos, porque fue cometido por agentes estatales en contra de civiles.
En 2011, la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado –con base en el en informe Final Sin Verdad no hay Justicia– inició una indagación previa por asesinato, en el contexto de ejecución extrajudicial, como grave violación a los derechos humanos.
Durante años se llamó caso “Fybeca”. Tiempo después, los representantes de la marca pidieron a Fiscalía que se cambie el nombre. Entonces fue renombrado como caso “Las Dolores”.
Once procesados fueron sentenciados el 6 de noviembre de 2014. El Tribunal decidió, –por pedido de las viudas de las víctimas– que el caso se llame “González y otros”, por el apellido del Mayor de Policía que estuvo al mando del operativo.
Tras el desarrollo de las audiencias de apelación y casación, favorables a la tesis de Fiscalía, quedó demostrado que las víctimas murieron desarmadas y ejecutadas por los agentes policiales, cuando ya estaban rendidas en el piso. La sentencia se encuentra ejecutoriada.