CASO NENE

Delito: oferta de tráfico de influencias.

La investigación de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, inició por una denuncia por presuntos actos de corrupción, presentados contra Francisco B. A. por parte de un exfuncionario de la Vicepresidencia de la República de Ecuador, a quien se le habría ofrecido un cargo en esa entidad estatal a cambio de un porcentaje de su remuneración mensual.

Según lo manifestado por el presunto perjudicado, junto con Francisco B. A. –hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica A.– habrían acordado la entrega de 1.700 dólares mensuales y habrían firmado una letra de cambio por 30.600 dólares, el monto correspondiente a un año.

En el proceso de investigación también se estableció una presunta participación de la segunda mandataria, por tal razón la causa fue desplazada a la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

2024
21 de marzo de 2024

Fiscalía ejecuta allanamientos en Quito y Cuenca, en torno a una investigación por presunta oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

Francisco B. A.  es aprehendido.

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22 de marzo de 2024

Luego de analizar los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos, diligencia que inició la noche del 21 de marzo, la Jueza que conoce la causa dicta prisión preventiva para Francisco B. A.

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03 de abril de 2024

Tribunal acoge el pedido del Fiscal del caso: niega el recurso de apelación presentado por Francisco B. A. y ratifica la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra.

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10 de junio de 2024

Luego de obtener más elementos de convicción sobre la presunta participación de la vicepresidente de la República, Verónica A., el Fiscal que lleva la causa se inhibe de seguir conociendo el expediente y lo desplaza a la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado.

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11 de junio de 2024

Fiscalía solicita que se fije fecha y hora para la audiencia de vinculación y reformulación de cargos contra la Vicepresidenta de la República, Verónica A.

14 de junio de 2024

Asamblea Nacional, luego de recibir el pedido de la Corte Nacional sobre la situación jurídica de la Vicepresidenta de la República, no da paso al procesamiento penal en contra de Verónica A.

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17 de junio de 2024

Fiscalía solicita fecha y hora para la audiencia de vinculación de Daniel R. a la instrucción fiscal por presunta oferta de tráfico de influencias en la que actualmente se investiga a Francisco B.

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20 de junio de 2024

La Fiscalía General del Estado formula cargos contra Daniel Lenin R. y lo vincula al proceso penal en el que se investiga el delito de oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, en el que también se encuentra procesado Francisco Sebastián B. A.

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10 de julio de 2024

Frente al incumplimiento de las presentaciones periódicas dispuestas a Daniel Lenin R., procesado por su presunta participación en el delito de oferta de tráfico de influencias, Fiscalía solicita una audiencia para la revisión de las medidas cautelares.

Tras haber escuchado el pedido fundamentado de la FGE, el Juez a cargo del caso suspende la diligencia para que se presente información adicional, antes de tomar una decisión.

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17 de julio de 2024

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la Jueza que conoce la causa acepta el pedido justificado de Fiscalía y dicta prisión preventiva para Daniel Lenin R. por incumplir con las presentaciones periódicas. Se le imputa el delito de tráfico de influencias.

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11 de septiembre de 2024

Los procesados Francisco B. y Daniel R. solicitan el diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia –por presunta oferta de tráfico de influencias– no se lleva a cabo.

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29 de octubre de 2024

Se instala la audiencia preparatoria de juicio contra Francisco B. y Daniel R.; no obstante, debido al cambio del abogado defensor de uno de los procesados, la Jueza de la causa dispone la suspensión de la diligencia hasta el 13 de noviembre para permitir la revisión del expediente y así garantizar el derecho a la defensa.

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