La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cometimiento del delito por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento –ilegítimo– de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los PPL obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.