Cinco personas procesadas por asociación ilícita
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 177-DC-2024
Cuenca (Azuay), 07 de febrero de 2024.- Fiscalía formuló cargos contra tres adultos y dos adolescentes, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la tenencia y porte de armas y receptación.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada en contra de Rosa Alexandra I., Jady Ariel C. y Jairo Romeo Q., el Juez de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva para los procesados.
Mientras que, al finalizar la segunda audiencia, el Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dictó presentación periódica y prohibición de salir del país para los adolescentes P. L. y S. V., ambos de 16 años.
La tarde del lunes 5 de febrero de 2024, agentes de la Policía acudieron hasta el sector Morocho Quigua, de Cuenca, para localizar una motocicleta que fue robada en el cantón Paute.
Cuando llegaron al sitio, los agentes observaron que dos ciudadanos intentaban prender la moto de similares características a la que había sido sustraída. Al observar la presencia de los policías, los sospechosos corrieron y se embarcaron en un vehículo.
Los agentes de Policía persiguieron el vehículo hasta lograr detener su marcha. En el interior del mismo se encontraban los cinco procesados, quienes fueron detenidos, a quienes se les incautaron sus teléfonos celulares.
Además, en poder de Rosa Alexandra I. se encontró una cartera, que contenía un arma de fuego tipo pistola y seis cartuchos.
Tras la revisión de la información del vehículo, se confirmó que fue robado en noviembre de 2023 en la provincia de Cañar.
Fiscalía sostuvo el inicio de los dos procesos penales con base en: partes policiales, los informes de la pericia balística y del reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias incautadas. Además, las denuncias recibidas por el robo de la motocicleta y del vehículo.
Información jurídica
El delito de asociación ilícita está tipificado y sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de tres a cinco años.
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