Prisión preventiva por presunto tráfico de drogas y porte de armas

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 134-DC-2024

Quinindé (Esmeraldas), 31 de enero de 2024.- Félix David C. R., presunto integrante del grupo de delincuencia organizada “Tiguerones”, quedó con prisión preventiva luego que la fiscalía le formule cargos por presunto tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y porte de armas, en concurso real de infracciones.

El hoy procesado fue aprehendido por personal de las Fuerzas Armadas mientras realizaban operaciones de control en la urbanización La Pimienta, de la parroquia Rosa Zárate, alrededor de las 22:00 del pasado viernes 26 de enero.

Los uniformados encontraron en su poder diecinueve envolturas con una sustancia de color blanquecina y otras de color verdosa, un revólver de fabricación artesanal, calibre 38 y cuatro municiones sin percutir.

Con estos indicios fue puesto a órdenes de Fiscalía para su procesamiento y los elementos encontrados fueron entregados en cadena de custodia a personal de Criminalística y trasladados hasta las bodegas de la Policía Judicial del cantón Quinindé.

En la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia, el agente fiscal de turno expuso todos los indicios recabados, entre estos el parte de aprehensión, la prueba realizada a las sustancias encontradas en las envolturas que dio como resultado cocaína y marihuana, el acta de indicios encontrados, entre otros.

Félix David C. R., fue procesado por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (artículo 220, numeral 1, literal b) y porte de armas (artículo 360, inciso 2) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Luego de dictar prisión preventiva para el imputado, el Juez convocó a la audiencia de procedimiento directo para el próximo 16 de febrero de 2024.

Información jurídica

De acuerdo al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento directo concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, únicamente en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena máxima privativa de la libertad de hasta cinco años.

 

 

 

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