A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.