Respecto al caso Reconstrucción de Manabí y a la decisión del juez Luis Rivera

COMUNICADO OFICIAL FGE N°070-DC-2023

Respecto a la decisión del juez Luis Rivera –mismo que dictó el sobreseimiento en el caso “Helicópteros Dhruv”–, de enviar una solicitud a la Asamblea Nacional para que se autorice o no el enjuiciamiento penal del exvicepresidente de la República, Jorge G., investigado por presunto peculado en el caso denominado “Reconstrucción de Manabí”, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa a la opinión pública que considera dicha resolución como innecesaria –y dilatoria– al existir precedentes.

Esto, debido a que la persona en cuestión (Jorge G.) no es más un funcionario público (de hecho, ya estuvo sentenciado por otras dos causas), por lo tanto, no se encuentra cumpliendo funciones, como lo expresa la Constitución, que debe ser aplicada de forma expresa y no según interpretaciones a conveniencia.

Además, tal como señaló Fiscalía ante el Juez esta mañana, existen precedentes. Por ejemplo, el 14 de junio de 2018 –con 83 votos– el pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedente la autorización solicitada por la Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente Rafael Correa al caso del secuestro de Fernando Balda, debido a que no estaba dentro de sus competencias, pues el exmandatario ya no se encontraba en funciones. Es decir, no había impedimento para que la Corte Nacional de Justicia enjuiciara al exmandatario (y así sucedió).

Dicho esto, también causa preocupación que el mismo juez Luis Rivera aún no haya señalado fecha y hora para la formulación de cargos en el caso denominado “Independencia Judicial”, en el que son investigados Wilman T. y Xavier M., presidente y vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente.

Aunque respetuosa de las competencias de cada institución, Fiscalía considera que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia del Estado.

 

 

Quito, 29 de noviembre de 2023

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO