Procesados por porte no autorizados de armas irán a juicio directo
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1162-DC-2023
Zamora (Zamora Chinchipe), 30 de octubre de 2023.- Juan Gabriel A., Domingo Alberto A y Bryan Aníbal O. podrían ser sentenciados el 16 de noviembre de 2023. Para esa fecha, un Juez de Garantías Penales convocó a la audiencia de juicio directo, luego de que Fiscalía los procesara por el delito de porte no autorizado de armas.
Los sospechosos fueron aprehendidos la madrugada del 28 de octubre de 2023, en una zona minera. Personal de las Fuerzas Armadas -que hacía patrullajes de rutina- los identificó camuflándose entre la maleza. Uno de ellos, Juan Gabriel A., llevaba una mochila que la arrojó a una alcantarilla.
Los militares revisaron la maleta y encontraron tres fusiles, dos subametralladoras artesanales, una escopeta, alimentadoras y municiones.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal de turno presentó once elementos de convicción. Entre ellos una pericia balística practicada por agentes de Criminalística al armamento. La experticia concluyó que cinco de las seis armas estaban aptas para ejecutar disparos.
El Fiscal también mencionó las versiones rendidas por los procesados, el informe de reconocimiento de lugar de los hechos, una certificación obtenida del Centro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas. Ese documento indica que los procesados no tienen autorización para portarlas.
Con estos y otros elementos de convicción, Fiscalía inició la instrucción fiscal de veinte días contra Juan Gabriel A., Domingo Alberto A y Bryan Aníbal O. Ellos deberán enfrentar una audiencia de juicio directo, conforme a lo que establece el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Al ser el delito de porte no autorizado de armas una infracción que no supera los cinco años de prisión, es sujeto a un procedimiento directo.
Información jurídica
El delito de porte no autorizado de armas está tipificado en el artículo 360, inciso segundo del COIP. Se lo sanciona con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
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