30S, un conjunto de hechos con un solo objetivo
No se trató de hechos aislados
El fiscal General, Galo Chiriboga, considera que cada hecho que ocurrió el 30 de septiembre del 2010 en Ecuador no fue aislado. “Todos apuntaron a su solo macro objetivo: desestabilizar el régimen democrático en el país”.
A esa conjetura conducen todas las investigaciones de la Fiscalía sobre esos hechos. Por eso el Fiscal General insiste que por eso debieron ser investigados en un solo proceso grande a escala nacional.
Pero al iniciar la actual administración de la Fiscalía, en julio del 2011, se encontró con una dispersión de procesos, ya que se habían abierto causas por cada hecho en forma asilada.
Incluso en algunas provincias se trataron por delitos menores o intermedios. En la provincia de Bolívar, por ejemplo, a un policía que participó en la sublevación del 30S se le acusó por desfile no autorizado. También se abrieron procesos por obstaculizar las vías.
Chiriboga Zambrano insiste que se trató de “un accionar nacional que estuvo en varios escenarios de Quito y de las diferentes provincias. La gente no paralizó los servicios públicos por el afán perverso de paralizarlos. Lo hizo con el propósito de crear en la sociedad una situación de desasosiego y angustia”. Aún más que ese día la ciudadanía quedó en la indefensión por la revuelta policial.
Ese día hubo tomas de bienes estratégicos como la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esto, por ejemplo, “para aislar al país de cualquier contacto con el exterior”.
También se tomaron el Regimiento de Policía Quito 1, Asamblea Nacional y canal Ecuador TV.
En las provincias ocurrió lo mismo con los edificios de las gobernaciones, los comandos provinciales y se bloquearon vías estratégicas. Se cerró el paso con camiones para evitar el avance de los blindados militares que se movilizaban desde la Brigada Militar Galápagos hacia Quito para rescatar al Presidente de la República.
Nuevas indagaciones
Ocho causas fueron reabiertas luego de analizar indagaciones importantes que habían sido desestimadas y archivadas provisionalmente. Estos procesos están en El Oro, Carchi, Imbabura, Loja, Pastaza, Morona Santiago y Manabí.
La Fiscalía considera que estas causas fueron inadecuadamente cerradas. Por esto además se prepara un informe que enviará al Consejo de la Judicatura para determinar las responsabilidades administrativas de los fiscales que conocían estas causas.
La actual administración de la Fiscal también reabrió el proceso para investigar a los funcionarios públicos que no evitaron la pérdida de evidencias en el sector aledaño al Hospital de la Policía.
La zona debió ser acordonada apenas se evacuó al presidente Rafael Correa. Esto para garantizar la permanencia de las evidencias y de eso eran responsables el entonces Fiscal Provincial de Pichincha y los fiscales de turno, así como la Policía Judicial.
Pero nada de eso ocurrió. Más bien entre la noche del 30 de septiembre y la madruga del 1 de octubre del 2010, obreros de la Empresa Metropolitana de Aseo baldearon el lugar. Con eso se perdieron todos los vestigios de lo ocurrido el 30S.
De allí que se formuló cargos contra Víctor C., coronel de estado mayor de la Policía. En ese entonces se desempeñaba como Jefe de la Policía Judicial de Pichincha. Se lo procesa por alteración y pérdida de evidencias.
Asimismo se iniciaron otras nueve indagaciones a partir del 2014. Esto debido a que aparecieron hechos que no se conocían y que merecen ser investigados.
El punto de partida fueron los 29 partes policiales e informes de inteligencia realizados por la Inspectoría General de la Policía Nacional. Estos fueron remitidos a las fiscalías provinciales para que sirvan de fundamento para los nuevos procesos.
Pero la indagación más importante será con base a la hipótesis de que la revuelta policial tenía como gran objetivo la desestabilización democrática. Además que eso implica que hubo mentalizadores, que deberán ser procesados. Así lo precisó el Fiscal General, luego de tres años de impulsar las investigaciones para evitar que lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010 quede en la impunidad.