Dos ciudadanos quedaron en prisión preventiva por presunta estafa
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 880-DC-2023
Guayaquil (Guayas), 04 de septiembre de 2023.- Un Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra de Rafael Leopoldo A. G. y Olmedo Aníbal P. G, quienes se hacían pasar como funcionarios del Municipio de Guayaquil y ofrecían gestionar el ingreso a la Policía Metropolitana.
El caso permanecerá en instrucción fiscal durante treinta días.
Según la denuncia ingresada en Fiscalía por una de las víctimas, estos ciudadanos que se hacían pasar como funcionarios públicos ofrecían agilitar el ingreso a la Policía Metropolitana, a cambio de 1.000 dólares, como paso previo para ingresar sus documentos.
La denunciante dijo que abonó 500 dólares en efectivo y que el resto del dinero lo entregaría después del ingreso de la documentación. No obstante, los presuntos funcionarios no volvieron a contactarse con ella, ni respondían sus llamadas ni mensajes.
El 31 de agosto llegó una alerta al Ecu 911: varias personas tenían retenidos a dos ciudadanos al interior del Malecón 2000, a la altura de la calle Sucre, puesto que habrían sido estafados por estos sujetos bajo la modalidad del ofrecimiento de contratos de trabajo en el municipio porteño.
Personal policial se trasladó a esa dirección y minutos más tarde llegó una de las víctimas, quien identificó a los sujetos y explicó sobre las falsas promesas realizadas por los ahora procesados. A ellos se les encontró tres teléfonos celulares, documentos personales de varias personas y facturas con presuntamente detalles de sus actividades. Por esa razón fueron aprehendidos.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los elementos de convicción obtenidos, entre ellos, el parte informativo y de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, denuncia de una los perjudicados y el informe de las evidencias encontradas (celulares, documentación y facturas), entre otros.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 186, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de estafa con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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