Fiscalía participó en seminario de formación de nuevos defensores de Derechos Humanos

En el marco de las jornadas de formación de nuevos defensores de los Derechos Humanos, impulsado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), con sede en Guayaquil, la tarde del 27 de septiembre de 2014, se desarrolló una conferencia sobre casos de lesa humanidad.

Como expositor participó Fidel Jaramillo,  director de la  Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, quien informó sobre el avance de los procesos de  judicialización de los crímenes de lesa humanidad y las investigaciones que se realizan de los casos de violencia a los derechos humanos, ocurridos hace 30 años en el país.

En su intervención, Jaramillo  indicó que de los 136 casos que la Comisión de la Verdad recopiló a escala nacional y entregó a la Fiscalía General del Estado, se han judicializado 7 casos: 2 por lesa humanidad y los 5 restantes por grave violación de los derechos humanos.

Determinó que casos como  “Las Dolores’’, en Guayaquil; Damián Peña, en Cuenca; Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca, en Quito, son algunos de los casos más emblemáticos que la Dirección Nacional de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado tiene a su cargo.

Jaramillo resaltó  que la judicialización  de estos casos  “constituye un evento trascendental, porque cada día se va creando historia con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Ecuador, como lo han realizado en Argentina, Chile y El Salvador, donde se han iniciado juicios luego de décadas de olvido’’.

Agregó que normas internacionales y convenios suscritos por el Ecuador, disponen justamente que el Estado ecuatoriano está obligado internacionalmente a investigar, judicializar y si es procedente solicitar sanciones en estos tipos de casos.

Igualmente, manifestó que en 1998  la  Corte Penal Internacional estableció  que un delito se juzga bajo el parámetro de lesa humanidad, que es la violación a los derechos humanos, cuando las víctimas integran grupos perseguidos por el poder por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otras razones universalmente reconocidos en el derecho internacional.