Sentenciado por incumplimiento de medidas de protección
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 851-DC-2023
La Troncal (Cañar), 29 de agosto de 2023.- Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria en contra Reynaldo Adrián S. Un Tribunal Penal de Cañar le impuso una pena de un año de privación de libertad, por incumplir medidas de protección.
Los jueces dispusieron al sentenciado cancelar 900 dólares, como reparación integral a la víctima.
De acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía Cantonal Multicompetente de La Troncal No. 2, Reynaldo Adrián S. agredió de forma psicológica y física a su esposa, hasta que en marzo de 2022 ella decidió denunciarlo.
Agentes de la Policía lo detuvieron y Fiscalía inició una investigación. Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Juez de turno le concedió, como medidas de protección, una boleta de auxilio y la prohibición de que el ahora sentenciado realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar, por sí mismo o a través de terceros.
A pesar de la disposición judicial, en agosto de 2022, Reynaldo Adrián S. llegó al domicilio de su expareja, en la ciudadela Patria Nueva, del cantón la Troncal, y nuevamente la insultó e intentó agredirle físicamente.
En ese momento la víctima solicitó ayuda y agentes de la Policía llegaron al inmueble para detener al agresor, quien fue puesto a órdenes de la autoridad competente.
Fiscalía demostró la responsabilidad del agresor con los testimonios de la víctima, de los policías que aprehendieron al hoy sentenciado y que realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos. Entre la prueba documental se incluyó la boleta donde se dispuso las medidas de protección y el parte policial.
Información jurídica
El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
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