El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de Norteamérica reveló que entre el 2001 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos con dinero en efectivo y a través de transferencias a empresas offshore, utilizando como intermediarios a funcionarios públicos.
Al inicio de la investigación, se determinó que, en Ecuador, los sobornos habrían alcanzado los 33,5 millones de dólares para contratos de obras con el Estado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe, menciona supuestos sobornos que el grupo Odebrecht habría efectuado en 12 países, entre ellos Ecuador.
La Fiscalía ecuatoriana inicia de oficio las investigaciones sobre el caso Odebrecht, el pasado 22 de diciembre y realizó un allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, ubicadas en un centro comercial.
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La Fiscalía pide asistencia penal a Estados Unidos para adelantar la investigación judicial por los supuestos sobornos de Odebrecht.
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Fiscalía General del Estado presenta avances en las investigaciones del caso Odebrecht. Cuatro asistencias penales requeridas a Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, además de otras diligencias son parte de las acciones impulsadas por la Fiscalía dentro de la investigación en el caso Odebrecht.
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El Fiscal General del Estado de Ecuador y el Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, firman un acuerdo para conformar equipos de investigación conjunta para el intercambio de información.
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Fiscalía formula cargos por presunta asociación ilícita. Daniela Mayorga, jueza de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, dicta prisión preventiva a los ciudadanos: Carlos V., Gustavo M., Byron V., José C. y José T.V., además de la prohibición de enajenación de sus bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de sus cuentas bancarias.
Mientras que a Ricardo R., por ser ciudadano mayor a 65 años, se le dicta arresto domiciliario, la enajenación de sus bienes y la utilización del brazalete de seguridad, actividad coordinada con el Ministerio de Justicia.
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Como parte de las investigaciones, se realizan allanamientos en Quito, Guayaquil y Latacunga. Dos personas son detenidas y se recaban elementos de convicción.
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Como parte de las diligencias investigativas, Fiscalía realiza el reconocimiento de oficinas Odebrecht y Suite privada en Quito. La fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diana Salazar Méndez, en diligencia pericial constata la existencia de las oficinas Odebrecht, ubicadas en el edificio World Trade Center y de la suite. Ambos inmuebles habrían servido, aparentemente, para mantener reuniones y establecer vínculos de actividades ilícitas.
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La fiscal a cargo del caso, Diana Salazar Méndez, se inhibe de seguir conociendo el expediente, debido a que se hallaron indicios de responsabilidad penal contra el vicepresidente de la República, Jorge G., por lo que –por el fuero de Corte Nacional del funcionario– el caso pasa al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.
La Fiscalía vincula a 11 personas por el delito de asociación ilícita en caso Odebrecht, incluida en viceresidente de la República, Jorge G. El juez nacional Miguel Jurado, dio paso al pedido de vinculación de los 11 implicados. En el caso del Vicepresidente esta acción se realizó previa autorización de la Asamblea Nacional conforme lo ordena el Art. 120, numeral 10 de la Constitución.
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Se desarrolla la audiencia de testimonios anticipados de Kepler V., Gustavo M. y José Rubén T., procesados por el presunto delito de asociación ilícita y de Alfredo A., que se encuentra dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.
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Exejecutivo de Odebrecht rinde testimonio anticipado. José Conceição Santos detalla a quienes Odebrecht habría entregado supuestos sobornos.
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El Juez Miguel Jurado, acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva en contra del exviceresidente Jorge G, y su tío Ricardo R. Además, al Segundo Mandatario se le prohibe enajenar sus bienes y se dicta la retención de cuentas.
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Tribunal de Garantías Penales, conformado por los doctores Luis Enríquez Villacrés, juez ponente, Alejandro Arteaga y Jorge Blum Carcelén, ratifica prisión preventiva en contra de Jorge G.
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En la Corte Nacional de Justicia inicia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en donde la Fiscalía sustentó el dictamen acusatorio en contra de Jorge G., Carlos P., Ramiro C., Diego C., Ricky D., Fredy S., Alexis A., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., Ricardo R., José T. y Edgar A.
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Fiscal General del Estado solicita el auto de llamamiento a juicio del Vicepresidente Jorge G y 12 procesados más por asociación ilícita. El Fiscal General del Estado sustenta su acusación en más de 100 elementos de convicción.
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El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, rebate uno a uno los argumentos presentados por los abogados defensores de los 13 procesados en el caso Odebrecht, ratificando que Fiscalía se sustentó en Derecho y en los elementos de convicción recabados en la investigación su pedido que sean llamados a juicio.
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Luego de revisar todos los elementos de convicción presentados en la audiencia, Juez Nacional Miguel Jurado Fabara llamó a juicio al Vicepresidente de la República, Jorge G., al excontralor Carlos P., a Ricardo R., y a 9 procesados más dentro del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
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A 6 años de pena privativa de libertad fueron sentenciados el Vicepresidente de la República, Jorge G.; su tío Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., como autores del delito de asociación ilícita.
Los procesados Gustavo M., José T. y Képler V. recibieron una pena privativa de libertad de 14 meses, ya que firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Mientras que a Diego C., el Tribunal de la Corte Nacional le ratificó su estado de inocencia.
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El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia niega el pedido de suspensión condicional de la pena realizado por la defensa de Jorge G., vicepresidente de la República, sentenciado a 6 años, debido a que no se cumplieron los requisitos 1 y 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Durante 9 horas se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia solicitada por 7 personas, entre ellas el exvicepresidente de la República, Jorge G. y su tío Ricardo R.
El juez ponente, David Jacho, suspende la diligencia e informa que notificará a las partes para la reinstalación y dar a conocer su resolución.
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Luego de acoger los argumentos expuestos por la Fiscalía, por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia desecha los recursos de apelación y ratifica la sentencia de 6 años al exvicepresidente de la República, Jorge G.; Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., y de 14 meses a Képler V., como autores directos del delito.
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En la instalación de la audiencia de recurso de casación, solicitada por 6 sentenciados, la Fiscalía esgrimió uno a uno los argumentos de las defensas y solicitó al Tribunal de la Corte Nacional que rechace los recursos y aplique el artículo 370 del COIP, más agravantes, para que la pena aumente a 6 años 6 meses y 6 días.
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El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Daniella Camacho, Wilman Terán e Iván Saquicela, declara improcedentes los recursos de casación interpuestos por el exvicepresidente de la República, Jorge G.; su tío Ricardo R., Carlos V., Édgar A., Ramiro C. y Képler V.
En consecuencia, queda ratificada la sentencia de seis años para los cinco primeros y de catorce meses para el último, por su participación en el delito de asociación ilícita.
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