Fiscalía apeló sobreseimiento a 22 personas procesadas por enriquecimiento privado no justificado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 401-DC-2023
Milagro (Guayas), 28 de abril de 2023.- La Fiscalía General del Estado apeló la decisión del juez de Milagro, Luis Humberto Quinteros, quien sobreseyó a 22 procesados por el delito de enriquecimiento privado no justificado, entre ellos Gino P. y Judith R., presuntos autores del delito.
Esto, a pesar de que Fiscalía presentó su dictamen acusatorio sustentado en más de 180 elementos de convicción que acreditarían la responsabilidad penal de estos ciudadanos, quienes habrían incrementado su patrimonio en alrededor de 8 millones de dólares.
La investigación fiscal determinó que estas personas accedieron a procesos de contratación en hospitales públicos, en los que presentaban sus ofertas para la adquisición de insumos médicos. Gracias a la inclusión de proformas que hacían que una de ellas sea aparentemente más conveniente, los contratos eran adjudicados a varios de los coautores. Posteriormente, ellos realizaban el pago a Gino P. y Judith R. en efectivo o mediante transferencias bancarias.
Los coautores tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran distintas: cuando se ejecutó el allanamiento a uno de los proveedores se corroboró que en el lugar funcionaba una ferretería en donde se encontraron documentos que daban cuenta de las contrataciones y la relación entre los procesados.
Estas personas no pudieron justificar el incremento de su patrimonio, que al parecer se obtuvo tras la adjudicación de contratos en varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, efectuada este 27 de abril, la Fiscalía presentó los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, las pericias tributarias, de contabilidad, de auditoría, contratación pública y análisis financiero.
Asimismo, se incluyó información del Servicio de Compras Públicas (Sercop), en la que se daba a conocer los contratos adjudicados y la documentación obtenida en allanamientos ejecutados en varias casas de salud e inmuebles particulares.
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