Fiscalía procesa a 6 personas por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 238-DC-2023

Quito (Pichincha), 13 de marzo de 2023.- Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez Vicente Hidalgo, de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, dictó medidas cautelares contra Lucio Hernando B. P., Vicente Edgardo F. M., Rafael Antonio F. M., Diego Alfonso F. E., Alfonso Raúl V. V. y Marlen Milena D. G. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Lucio Hernando B. P. –alias “Negro Lucio”, de nacionalidad colombiana, jefe financiero de u a organización narcocriminal que tendría nexos con integrantes de los GAO-r “Oliver Sinisterra”, “Guerrillas Unidas del Pacífico” y alianzas con el Cartel de Sinaloa en México– habría movido altas sumas de dinero, a través de la compra de terrenos para agricultura y ganadería en territorio ecuatoriano, en colaboración con los ahora procesados.

Como antecedente se tiene que fue aprehendido en una operación desarrollada en Colombia, en el año 2004. En su poder, las autoridades encontraron más de 700 millones de pesos en joyas, veintiocho armas de fuego, municiones, granadas, 292’000.000 de pesos, 62.000 dólares, 3.500 euros y una emisora clandestina al servicio del grupo delincuencial.

Estados Unidos requirió la extradición de Lucio Hernando B. P. y dos personas más –líderes operativos de esta organización– por lo que fueron sometidos a un proceso judicial en ese país.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada a cargo del caso señaló que Lucio Hernando B. P., dueño de las propiedades mencionadas; Vicente Edgardo F. M., Rafael Antonio F. M., Diego Alfonso F. E., Alfonso Raúl V. V. y Marlen Milena D. G. habrían lavado grandes cantidades de dinero (producto del narcotráfico) en el sistema financiero nacional y que el dinero obtenido por esta actividad ilícita lo colocaron, estratificaron e integraron, a través de la compra de terrenos entre los años 2010 y 2021.

El Fiscal presentó documentación relacionada al delito investigado, como informes, certificados y oficios de instituciones de control públicas y privadas como la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito, Registro de la Propiedad y Mercantil, avalúos y catastros municipales, notarías, entidades bancarias y comerciales; Asistencia Penal Internacional en la que se detalla más antecedentes del líder de la organización, entre otras.

Al finalizar la diligencia, el Juez dispuso la incautación de las propiedades que se encuentran a nombre de los procesados, para que dichos bienes sean puestos a disposición de Inmobiliar; la retención de los fondos de las cuentas en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes, como medidas de carácter real.

Para dos de los procesados se dispuso prisión preventiva y para el resto de procesados se ordenó presentaciones periódicas ante la autoridad competente.

 

 

 

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