16 años de prisión por trata de personas con fines de explotación laboral (trabajo infantil) y mendicidad
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 772-DC-2022
Quito (Pichincha), 11 de octubre de 2022.- Como autores directos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (trabajo infantil) y mendicidad, siete personas fueron sentenciadas a dieciséis años de pena privativa de libertad.
Ángel G., Luis B., Juan B., Manuel T., Juan T., Evelyn U. y Rosario S. fueron detenidos en un operativo liderado por Fiscalía en octubre de 2021, en Quito, en el que ocho niños fueron rescatados.
Fiscalía inició una investigación previa en abril de 2021, luego de que la Unipen (Unidad de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) de la Zona 9 DMQ, informó que, en el norte de Quito, en las avenidas América y Naciones Unidas, existía un grupo de personas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral (trabajo infantil) y mendicidad. Con ese contexto se solicitaron las respectivas autorizaciones para realizar vigilancias y seguimientos.
Las técnicas especiales de investigación permitieron identificar a los procesados, quienes gestionaban y controlaban la venta informal a la que se sometía a los infantes e incluso los guiaban para cometer hurto en los locales comerciales del sector.
Los niños y niñas captados –entre 2 y 13 años– eran trasladados desde La Colmena hasta la Plaza de las Américas en automotores o buses de servicio público. Allí los obligaban a generar dinero durante todos los días de la semana, de 07:00 a 23:00, obligándoles a generar dinero mediante la venta informal o la mendicidad. Al finalizar la jornada, entregaban lo recaudado a sus explotadores.
También se evidenció que las víctimas eran sometidas con agresiones y amenazas, lo cual se verificó con escuchas telefónicas realizadas. Cuando las autoridades hacían controles, los procesados escondían sus identidades y las de los niños, agrediendo a quienes trataban de obtener información sobre ellos. Además, usaban a los menores de edad como escudo para alterar el orden público.
La valoración técnica de los infantes permitió establecer que tenían un daño psicológico, pues se trastocó su proyecto de vida al vulnerar sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, a la salud y a desarrollarse en un ambiente adecuado y sin riesgos ni violencia.
En la audiencia de juzgamiento, la fiscal María Susana Rodríguez, de la Fedoti 1, presentó treinta y cinco testigos que confirmaron su teoría del caso y varias pruebas documentales.
Con ello, se desvirtuó el principio de inocencia de siete de los ocho procesados, por lo que el Tribunal dictó el fallo condenatorio, que también contempla el pago de una multa de 300 salarios básicos unificados para cada uno y una reparación integral que –además del conocimiento de la verdad– incluye el tratamiento psicológico de las víctimas.
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