mayo 13, 2014
Procesados por tráfico de migrantes en caso ‘Retorno’ estarían vinculados en otras causas
Quito, 13 de mayo del 2014.- Por la presunta participación en el delito de tráfico de migrantes, la Fiscalía formuló cargos en contra de nueve personas detenidas en el operativo ‘Retorno’, que se desarrolló en Quito y Huaquillas.
Paulina Sarzosa, jueza de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de M.P., L.P., S.V., G.M., J.Z., L.I., E.I. y S.M. Además de medidas sustitutivas para W.S., es decir que se presente tres veces por semana ante la Fiscalía y la prohibición de salir del país.
Según las investigaciones que empezó a mediados de enero pasado, con el apoyo de la Policía y las autorizaciones judiciales correspondientes, la Fiscalía realizó seguimientos a los ahora procesados y estableció la existencia de indicios que comprobarían el cometimiento del delito.
El fiscal Ramiro Sánchez, en la audiencia de formulación de cargos, señaló que los procesados, entre ellos presuntamente funcionarios de entidades públicas, captaban a ciudadanos de nacionalidad cubana y haitiana y les ofrecían documentos falsos para viajar a Estados Unidos. Por estos servicios cobraban entre 1.500 y 2.000 dólares a cada uno.
Además que los trámites se les facilitaba por la presencia de sus ‘contactos’ en instituciones públicas. Mientras obtenían los documentos para los migrantes, los procesados los mantenían en un inmueble, ubicado en el norte de Quito. Durante los allanamientos, en este sitio se localizó a tres extranjeros, dos en estado migratorio irregular.
Una vez que los migrantes obtenían sus documentos eran trasladados, en vehículos alquilados, hasta la ciudad de Ibarra, en unos casos, y en otros directamente a Colombia. Allí les recibía una ciudadana de nacionalidad colombiana y desde ahí, partían a Panamá y finalmente a Estados Unidos.
En los allanamientos realizados en los domicilios y puestos de trabajo de los procesados, en Quito y Huaquillas, se encontraron evidencias como sellos de notarías, sellos de fiscales, carátulas de una notaría de Quito, papeletas de depósito, así como pasaportes, cédulas y otros documentos necesarios para el cometimiento del delito.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el cual la Fiscalía profundizará su investigación, ya que existirían indicios de que una de las procesadas estaría vinculada con otros casos de tráfico de migrantes como ‘Carta Negra’ y ‘Medusa’.
Dato
El delito de tráfico de migrantes está tipificado en el Art. 440.1 y establece una pena de 4 a 6 años de reclusión mayor.