Sala Penal ratificó sentencia condenatoria por asociación ilícita para extorsión

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 558-DC-2022

Quito (Pichincha), 04 de agosto de 2022.- Después de una argumentación jurídica irrefutable por parte de Fiscalía y acogiendo su pedido, los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ratificaron la pena de cuatro años de privación de libertad, como autores del delito de asociación ilícita para cometer extorsión, que tendrán que cumplir los ciudadanos Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.

Además, ellos deberán entregar a las víctimas 90.000 dólares como reparación económica y una multa de once salarios básicos unificados, según resolvieron los jueces de segunda instancia, al finalizar la audiencia de apelación a la sentencia desarrollada la tarde del 3 de agosto de 2022.

Para el Tribunal, quedó demostrado, por segunda vez, que los ciudadanos sentenciados perjudicaron económicamente a una familia, propietaria de un patio de autos en el norte de Quito.

En noviembre de 2016, Diego Ricardo B. C. (ex policía), por contacto de una tercera persona, acudió hasta el patio de autos a proponerle a su dueño la capitalización del negocio. Después de una larga conversación, acordaron una inyección de liquidez por 100.000 dólares, con letras de cambio como garantía de pago, explicó la Fiscal del caso, Claudia Romero.

Semanas más tarde, Diego Ricardo apareció en el negocio de la víctima y le contó que, para prestarle los 100.000 dólares que habían acordado, fue a Colombia donde “gente mala” y dedicada a negocios ilícitos le prestó 500.000 dólares. Pero al tratar de ingresarlos al país, fue detenido por la Policía ecuatoriana y el efectivo, incautado.

Entonces, como parte del dinero era para él, le pidió a la víctima que le entregue 250.000 dólares (“para perder a medias”, le había dicho), de lo contrario mataría a sus hijos. En respuesta, el propietario del negocio le dijo que no era su responsabilidad la forma en que intentó trasladar los dólares.

Entonces empezaron los actos intimidatorios: le enviaban fotografías de sus hijos, ubicaciones, mensajes de muerte en contra de ellos y amenazas de secuestro. Atemorizado –y para que la “gente mala” no les haga daño– accedió a las imposiciones y firmó cuatro letras de cambio por 90.000 cada una. También entregó cuatro vehículos como garantía de pago.

Diego Ricardo B. C. recibió los autos a su nombre y Diego Alejandro G. V. cobró una de las letras de cambio en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mejía, a través de juicio ejecutivo, donde una jueza dispuso que la víctima pague la misma, más intereses y honorarios del abogado. En este contexto, la víctima presentó la denuncia y así inició este proceso penal.

En la sentencia, además, se ordenó a los procesados que devuelvan las tres letras de cambio restantes, a la víctima.

 

 

 

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