Comunicado

COMUNICADO OFICIAL FGE N°006-DC-2022

La Fiscalía General del Estado recuerda a la ciudadanía que la titularidad de la acción penal se ejerce en atención al principio de legalidad. Es decir, con base en conductas tipificadas y sancionadas por la Ley y sobre la base del principio de objetividad: perseguir delitos –no personas– bajo la premisa de que todos somos iguales ante la Ley.

Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe –más allá de toda duda razonable– que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la Ley.

Asimismo, el ejercicio y goce del derecho a la vida es reconocido por la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, como la premisa base para el ejercicio de los demás derechos. Sin este derecho fundamental, el disfrute de los demás derechos se vuelve ilusorio. De ahí que la Constitución y la ley penal sancionan, acertadamente, cualquier atentado o violación al mismo y por ello la necesidad de que se investigue, juzgue y sancione –de ser el caso– cuando se comprueba que ha existido una violación a este derecho.

En ese sentido, el uso adecuado y proporcional de la fuerza es una obligación constitucional por parte de los agentes del orden y su incumplimiento no solo ha sido observado por los tribunales del país, sino ha implicado la condena internacional de los Estados, que se han comprometido a garantizar la efectiva vigencia de todos los derechos. Por este motivo, los agentes del orden son instruidos y formados en el uso progresivo de la fuerza, para garantizar su actuación conforme a la Ley y tratados internacionales.

La Fiscalía General del Estado saluda a la institución policial y reconoce su importante rol como garante de la seguridad y los derechos, así como su papel como auxiliar de las investigaciones penales. Pero también ratifica a la ciudadanía que continuará actuando en estricto apego a la Ley, al principio de objetividad y de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado, investigando y acusando a cualquier persona, sin importar su calidad o profesión, si llega a infringir la Ley.

 

 

 

Quito, 19 de enero de 2022

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO