Fiscalía abre investigación por presunto terrorismo, tras atentado a las instalaciones de la Alcaldía de Naranjal 

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 012-DC-2022

Naranjal (Guayas), 10 de enero de 2022.- Fiscalía inició una investigación por un presunto delito de terrorismo, tras el incendio registrado al interior de las instalaciones del Municipio de Naranjal, aparentemente provocado por personas no identificadas y perpetrado la madrugada de este domingo 9 de enero. Como resultado del hecho, un vehículo resultó quemado y se registraron daños externos en varias oficinas departamentales.

No se registraron víctimas ni personas heridas que lamentar.

Así lo confirmó el fiscal de este cantón, Darwin Baldeón Herrera, quien agregó que Fiscalía y Policía Judicial levantan los primeros indicios y elementos de convicción para esclarecer lo ocurrido: “procederemos a recabar los videos del Sistema de Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 y de otras cámaras de seguridad ubicadas en las proximidades de las calles Olmedo, Bolívar, Tarqui y Siete de Noviembre, circundantes al Cabildo”.

Además, brigadas élite de la Policía Nacional, como el del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Criminalística, acudieron al lugar el día del acontecimiento junto a la fiscal de turno.

La acción criminal dejó el automotor del alcalde Luigi Rivera Gutiérrez incinerado, además de paredes, ventanales y tumbado externo de varias oficinas municipales destruidas.

La denuncia también fue presentada por una funcionaria del cabildo, quien agregó en el escrito, que, en videos grabados en un domicilio cercano, se observa la presencia de dos individuos en una motocicleta y que uno de ellos habría escalado la pared del predio municipal, minutos antes del siniestro. Añadió también que el Alcalde no se encuentra en el país y que el vehículo siniestrado es de uso personal de la autoridad.

Información judicial

Fiscalía inició las investigaciones por un presunto delito de terrorismo, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

 

 

 

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