Un oficial en servicio pasivo con prisión preventiva

Quito.- “No se debe confundir lo que estamos persiguiendo en este caso: se investiga las acciones contra  grupos irregulares que no fueron ejecutadas de acuerdo con la Ley”, enfatizó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, en la audiencia de vinculación contra W.Ch, oficial de la Policía Nacional en servicio pasivo, al caso Vaca, Cajas y Jarrín.

Este caso investiga el delito de lesa humanidad, instrumentado en los tipos penales de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometido contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez.

Las víctimas  integraban el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y fueron detenidas arbitrariamente por efectivos del Ejército en Esmeraldas,  el 10 de noviembre de 1985.

Durante la formulación de cargos contra el oficial W.Ch., Chiriboga Zambrano enfatizó que de este caso se han realizado “manejos perversos” pues dicen que se “está defendiendo a los terroristas y se está atacando a quienes terminaron con esas organizaciones”.  

En este sentido, el Fiscal General manifestó que el régimen de aquella época, cuando León Febres Cordero era el presidente de Ecuador,  debió aplicar las normas del debido proceso “como hoy se está haciendo”, es decir  “las situaciones de conflicto vividas en esa época debieron ser resueltas en el marco de la ley”.

El fiscal General relató las torturas a las que fueron sometidas las víctimas, como la aplicación del “regresivo”, que es la liberación de agua en la cabeza, gota tras gota, durante todo un día, para causar daño físico y mental, así se logra que la persona torturada “hable”.

Asimismo, el encierro de las víctimas en sótanos estrechos y oscuros, con pequeñas ventanas  y sin colchones y también el sometimiento sexual que sufrió la detenida.

Al final de la audiencia, Lucy Blacio, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dio paso a  la formulación de cargos que realizó Chiriboga Zambrano y dictó prisión preventiva contra el oficial en servicio pasivo W.Ch., además le prohibió enajenar sus bienes hasta por 200.000 dólares.  

Con la vinculación de W.Ch., este caso tiene 14 procesados. La instrucción fiscal termina el 23 de febrero del 2014.