La investigación de la Fiscalía General del Estado parte de las denuncias presentadas por excolaboradores de Karina A., mientras ejercía su cargo como asambleísta por la provincia de Manabí. La funcionaria habría exigido valores a través de terceros, a cambio de plazas de trabajo y estabilidad laboral.

Los denunciantes aseguran que el dinero era pedido como aportaciones para el movimiento político al cual ella pertenece; sin embargo, en ocasiones habría sido para el pago de bienes y gastos personales, y de sus familiares.