Esta investigación inició con base en un informe emitido por la Contraloría General del Estado, que determinó que en el Examen Especial practicado a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por María Sol L., exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no fue posible identificar el origen de los fondos con los que adquirió dos inmuebles.