Sentenciados a 4 años de prisión por asociación ilícita para extorsión
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 733-DC-2021
Quito (Pichincha), 03 de agosto de 2021.- Una familia, propietaria de un patio de autos, fue perjudicada económicamente –bajo amenazas de atentar contra la vida de sus integrantes– por parte de Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.
Ambos fueron sentenciados a cuatro años de privación de libertad como autores del delito de asociación ilícita para cometer extorsión. Las víctimas deberán recibir 90.000 dólares por parte de los sentenciados como reparación económica y la multa fijada para los infractores es de once salarios básicos unificados.
Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sustentó su resolución con las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Amenazas de “gente mala”
En noviembre de 2016, Diego Ricardo B. C., por contacto de una tercera persona, acudió hasta el patio de autos a proponerle a su dueño la capitalización del negocio. Después de una larga conversación, acordaron dicha inyección de liquidez por 100.000 dólares.
“Diego Ricardo B. C., en concierto de voluntades con otras personas, hizo creer a la víctima que está en posibilidad de prestarle el dinero y que necesitaría letras de cambio como garantía de pago”, explicó la Fiscal.
Semanas más tarde, en diciembre, Diego Ricardo apareció en el negocio de la víctima para exigirle 250.000 dólares, porque (según él) al tratar de ingresar el dinero desde Colombia –donde “gente mala” y dedicada a negocios ilícitos le prestó 500.000 dólares– fue detenido por la Policía ecuatoriana y le incautó todo el efectivo.
Como el dinero era para él, le dijo a la víctima que debía devolverle lo que le pedía, de lo contrario mataría a sus hijos. En respuesta, el propietario del negocio le dijo que no era su responsabilidad la forma en que intentó trasladar ese dinero.
Entonces empezaron las intimidaciones: le enviaban fotografías de sus hijos, ubicaciones, mensajes de muerte en contra de ellos y amenazas de secuestro. Atemorizadas –y para que la “gente mala” no les hagan daño– las víctimas accedieron a las imposiciones de los ahora sentenciados y firmaron cuatro letras de cambio por 90.000 cada una. También le entregaron cuatro vehículos como garantía de pago.
Diego Ricardo B. C. recibió los autos a su nombre y Diego Alejandro G. V. se encargó del cobro de una de las letras de cambio en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mejía, a través de un procedimiento por un título ejecutivo. Como resolución de este juicio ejecutivo, una jueza dispuso que la víctima pague la letra de cambio, más intereses y honorarios del abogado.
En este contexto inició el proceso penal. A través de su abogado, Diego Alejandro G. V. se contactó con las víctimas para exigirles que se retracten de la acusación particular y que retiren la denuncia en contra de ellos, a cambio de no ejecutar las otras letras de cambio. Les propuso firmar un acuerdo donde conste que ya se hicieron efectivo dichos documentos.
Este fue el relato de las víctimas durante la audiencia de juzgamiento a Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.
Y la Fiscalía lo sustentó con los testimonios de las víctimas, que fueron concordantes con los resultados expuestos por los agentes investigadores, y de las personas a las que Diego Ricardo B. C. vendió los vehículos que obtuvo de la víctima; los documento de traspaso de dominio de dichos autos, testimonios de peritos que practicaron pericias de audio y video, extracción de información de los teléfonos de los procesados (conversaciones respecto a procesos de cobro de la letra de cambio en Machachi), entre otros.
Respecto a las otras tres letras de cambio en poder de los sentenciados, el Tribunal Penal ordenó que sean devueltas a las víctimas.
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