Fiscalía procesa a funcionaria de la Institución por presunto tráfico de influencias
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 723-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 30 de julio de 2021.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Verónica M., funcionaria de la Institución en la provincia del Guayas, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la adquisición de termómetros infrarrojos en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Entre los principales elementos de convicción se incluyen: la suscripción de dos actas –de entrega y recepción– suscritas por la servidora pública y una particular en hojas con logotipo de la Institución, así como la factura presentada por el representante legal de la empresa proveedora a nombre de la Fiscalia de Guayas.
El Juez dictó medidas como prohibición de salida del país, presentación todos los lunes en Fiscalía, retención de sus cuentas por 15.000 dólares y prohibición de enajenar bienes.
La instrucción fiscal durará noventa días.
La funcionaria fue detenida para investigaciones la madrugada de este viernes 30 de julio en su domicilio, en Guayaquil, durante uno de los dos allanamientos que se ejecutaron en coordinación con la Policía Nacional. El otro se llevó a cabo en las oficinas del edificio La Merced, de la Fiscalía del Guayas, donde se levantaron indicios relacionados al hecho, entre estos: una laptop, un CPU, una terminal móvil y más.
El caso
En mayo de 2021, Fiscalía conoció del cometimiento del presunto delito por parte de Verónica M., quien –durante su desempeño como coordinadora administrativa financiera encargada– habría solicitado a una empresa treinta y cinco termómetros infrarrojos a nombre de la Institución, sin que existieran los requisitos previos como el informe de necesidad o el respectivo proceso de compra.
Además, tampoco se habría procedido con el pago de lo adquirido y no se los habría utilizado en la Institución.
Al solicitarle información al respecto, la funcionaria respondió que ella asumiría el costo de los termómetros, pero no lo hizo.
Esta investigación se inició a través de la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado, que además ha acompañado este proceso, en coordinación con Policía Nacional.
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