16 personas son llamadas a juicio por presunto peculado en Hospital Teodoro Maldonado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 555-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 16 de junio de 2021.- La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra veintitrés personas, dieciséis de las cuales fueron llamadas a juicio por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el período 2017 y 2018, a través de convenios de pagos y subasta inversa. Las operaciones habrían ocasionado un perjuicio que superaría los tres millones de dólares.
Entre los elementos de convicción presentados durante la audiencia constan: el resultado de un examen practicado al periodo comprendido entre 2017 y 2018, las pericias contables y de contratación pública, el reporte ejecutivo emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con la verificación de actividad comercial de los procesados, oficio y memorandos emitidos por esta casa de salud –con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios de pago y una subasta inversa–, las acciones de personal de los ahora exfuncionarios del Hospital, entre otros.
Además, la pericia contable de contratación pública, el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre el manejo económico de los procesados, los procesos completos de la subasta inversa y los convenios de pago junto con los detalles de movimientos bancarios emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el oficio del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) en el que se indica que no existió la emergencia sanitaria declarada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y versiones de los investigados, rendidas ante Fiscalía.
En su resolución, la jueza Marcela Ortega acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio en contra del exdirector Luis Enrique J. Z.; Katherine Lissette C. D., coordinadora de enfermería; y, José Euclides B. P., exdirector administrativo, a quienes dispuso continuar con la medida de arresto domiciliario, luego de realizarse una valoración médica –en un casa asistencial– por presentar enfermedades de alta complejidad.
También llamó a juicio a Jorge Luis C. B. y Gustavo Adolfo P. J., exdirectores administrativos; María del Carmen M. R. y Johnny Henry P. B., del área de Enfermería; Francisco Xavier S. J., bodeguero; Hugo César V. F., jefe de Farmacia; Roswin Fernando A. G., Rosa Cecibel G. L., David Rolando C. F., y José Luis LL. C., proveedores, a quienes ratificó las medidas cautelares de carácter personal que pesaban sobre ellos, tales como arresto domiciliario, presentación ante la autoridad, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico.
Además, fueron llamados a juicio los procesados Cristina María A. R. y Omar C. V., analistas de Compras; y Jorge Josué H. A., jefe de Compras Públicas, ratificando la orden de prisión preventiva, para lo cual ofició que se ubique el paradero de estas personas.
Por otro lado, la jueza Marcela Ortega sobreseyó a siete personas. Fiscalía apelará esta última decisión de la Magistrada, una vez que sea notificada dicha resolución por escrito.
Contexto
El proceso investigativo inició el 4 de septiembre de 2019 por una denuncia presentada por el exrepresentante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Miguel Ángel Loja Llanos, en la que se indicaba presuntas irregularidades dentro de los procedimientos de contratación pública, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos en dicha casa de salud. Tales irregularidades constaban en un informe realizado por la Comisión Nacional Anticorrupción.
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