Caso Hospital de Pedernales: pendiente resultado de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio
BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1022-DC-2020
Quito (Pichincha), 10 de noviembre de 2020.- Esta mañana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, emitió dictamen acusatorio en contra de Eliseo A., exasambleísta; Jorge J., exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Pablo C., Danny C., Miguel G., José P. y Danilo V., como presuntos autores del delito de delincuencia organizada y solicitó al juez nacional Marco Rodríguez que sean llamados a juicio.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de las siete personas, que se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, se suspendió pasadas las 18:30. El Magistrado anunció que dará a conocer su resolución oral el próximo jueves 19 de noviembre, a las 09:00.
En su intervención, la Fiscal General del Estado indicó que durante los años 2019 y 2020, en las provincias de Pichincha y Manabí, actuó, liderada por Eliseo A. y con la colaboración de los otros procesados, esta estructura organizada, que, de forma permanente, planificaba y dirigía actividades ilícitas; y que cada uno cumplía roles determinados para cometer delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó más de treinta elementos de convicción, entre estos: los informes periciales de los dispositivos de los procesados, en los que se materializaron conversaciones que detallan las operaciones de la presunta estructura criminal; y, pericias practicadas a dispositivos electrónicos entregados por uno de los procesados como parte de la cooperación eficaz, en los que se hallaron más conversaciones.
También constan las pericias efectuadas a los computadores en los que reposaban documentos con el detalle de los movimientos de ingresos y egresos a la cuenta del Consorcio Pedernales-Manabí, versiones de los procesados, memorandos, oficios, certificados bancarios, entre otros documentos, que determinarían la participación de los procesados, con diferentes roles, dentro de la estructura.
Al finalizar su intervención, la fiscal Salazar solicitó que se ratifique la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los procesados, así como la retención de cuentas, acciones y participaciones, y la prohibición de enajenar bienes por 8 millones de dólares.
En este caso se procesó, en un principio, a diecinueve personas. Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro de ellas y ayer, en audiencia de procedimiento abreviado, fueron sentenciados ocho de ellos a 50, 40 y 34 meses de pena privativa de libertad.
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