Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2019. Tras la adopción de medidas económicas por parte del Gobierno Nacional, se suscitaron una serie de manifestaciones de rechazo y se produjeron actos vandálicos que, además, desconocieron el estado de excepción legalmente decretado, conforme a los artículos 164 y 165 de la Constitución.
Fiscalía investigó la presunta participación de la prefecta de Pichincha, Paola P., del exasambleísta Virgilio H. y de Christian G., en un posible desconocimiento de la Constitución, mediante la desobediencia del estado de excepción, a través de actos violentos ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
El caso se sigue por el delito de rebelión, según el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional.