Prisión preventiva para Bernardo O. por el presunto femicidio de su pareja

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 748-DC-2020

Prisión preventiva para Bernardo O. por el presunto femicidio de su pareja

Cuenca (Azuay), 22 de agosto de 2020.- La Fiscalía Provincial de Azuay formuló cargos contra Juan Bernardo O. por su presunta responsabilidad en el delito de femicidio. El juez de la Unidad Judicial de Violencia, Carlos Jerves, también dispuso la prohibición de que el procesado realice actos de persecución o de intimidación a miembros del núcleo familiar de la víctima, por sí mismo o a través de terceros, y la extensión de una boleta de auxilio a favor de los deudos.

La diligencia se desarrolló en el Complejo Judicial de Cuenca. La fiscal del caso, Fernanda Aguirre, expuso como elementos de convicción: versiones de familiares y allegados de la víctima, entre estas la de uno de los hijos menores de Gabriela L. P. (+), quien encontró el cuerpo de su madre sin signos vitales; y el informe médico-legal de la autopsia, cuyo resultado determinó que la mujer murió por estrangulación y sofocación.

Gabriela L. P. fue hallada sin vida al mediodía de este viernes 21 de agosto en su domicilio, en Cuenca. Su cuerpo mostraba signos de violencia en el cuello.

El presunto autor del hecho, Juan Bernardo O., fue detenido horas más tarde.

Los dos hijos de la víctima, menores de edad, ingresaron al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt) de Fiscalía.

Juan Bernardo O. fue procesado por su presunta responsabilidad en delito de femicidio, tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En la formulación de cargos se consideraron las agravantes determinados en el numeral 2 del artículo 142, de la misma normativa, lo que puede determinar una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días.

A la opinión pública

La Fiscalía General del Estado exhorta a los medios de comunicación, a la opinión pública y la sociedad en general, a respetar la intimidad de la familia de la víctima, en el marco de lo que establecen la Constitución y la ley, y con especial énfasis en la información referente a los menores de edad.

 

 

 

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