Tribunal declara culpables a cinco integrantes de organización delictiva

Portoviejo.-Los jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Manabí acogieron la acusación fiscal y en audiencia de juzgamiento declararon  culpables a Jaime Francisco García Pico,  José Hipólito García  Chávez, Jhony Édison García García, Ángel Ramón García Pico  y Richard Salvatierra Cedeño, por el delito de asociación ilícita.

Lorena Romero, fiscal a cargo del caso, informó que los cinco acusados fueron encontrados culpables, luego que la investigación dirigida por la Fiscalía en conjunto con la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, confirmaron la existencia de la organización delegación delictiva.

Esto se pudo determinar gracias a la colaboración de varios ciudadanos, quienes dieron a conocer la denuncia, a través de cartas dirigidas a la Presidencia de la República, en la que detallaron el sitio específico, donde operaba un grupo de personas que cometían varios delitos entre ellos asesinatos.

La Fiscalía en coordinación con la Policía, el 7 de noviembre del 2012, en horas de la madrugada  allanaron varios domicilios de los integrantes de la organización y otros que servían como centros de reunión para planificar actos ilícitos.

En las viviendas de los acusados se encontraron 10 armas de fuego, dinero en efectivo, vestimenta de uso policial, teléfonos celulares, un automóvil y una motocicleta, que eran utilizados para delinquir.

La fiscal Romero también dio a conocer que en la diligencia se demostró  el grado de participación de los procesados, gracias a las pruebas obtenidas y los testimonios rendidos por testigos y policías que participaron en el operativo policial.

La organización fue identificada, por la Policía y el Ministerio del Interior, como la “banda de los Garcías de las piedras”, lideradas por los hermanos Manuel y Darío Javier García Palma,  quiénes se mantienen prófugos. El primero está considerado como uno de los “más buscados” de la provincia de Manabí.

Está organización utilizaba varias modalidades delictivas como el robo a domicilios, vehículos y la extorsión a personas en el sector de Ayacucho, de dónde son oriundos la mayoría  de sus integrantes.

Los sentenciados pueden recibir una pena que va de dos a cinco años de prisión, según el Art. 371 del Código Penal, debido a que los procesados no ejercían  el mando.