BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 006-DC-2018
Quito, 09 de enero de 2018.- Luego de que la Fiscal Ivonne Proaño, presentó los elementos de convicción recabados en las investigaciones y formuló cargos en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B. y Miriam C., la Jueza Paola Campaña les dictó prisión preventiva y dispuso la incautación de sus bienes inmuebles y la retención de sus cuentas. Los procesados habrían utilizado a las compañías Diacelec S.A y Conacero S.A para cometer el delito de lavado de activos.
En la audiencia de formulación de cargos realizada la tarde y noche de hoy, la Fiscal del caso expuso que a través de estas empresas se habrían pagado sobornos. Indicó que la triangulación del dinero habría empezado en cuentas de la constructora brasileña Odebrecht quien posteriormente lo transfería a las ‘offshores’ de Édgar A., Columbia Management en Panamá y luego a Diacelec S.A en Ecuador, esto según el testimonio anticipado del brasileño José Conceicao Santos.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía están informes de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Rentas Internas, movimientos migratorios y documentos remitidos por la Superintendencia de Compañías que indican la participación de los procesados en las empresas antes mencionadas.
Explicó la Fiscalía que en primera instancia el perjuicio ocasionado por este delito bordea los USD 13 millones, repartidos de la siguiente manera: USD 10 millones de Columbia Management a Diacelec (ambas empresas cuyo mayor accionista es Édgar A., ubicadas en Panamá y Ecuador respectivamente), USD 2 millones en cheques de los bancos de Columbia Management al procesado Juan B., y 1 USD millón por medio de Conacero S.A., cuya accionista mayoritaria es la también procesada Elvira I.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal y contempla una pena privativa de libertad de hasta 13 años.
Datos:
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 014-DC-2018
Quito, 12 de enero de 2018.- Luego de la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 9 de enero, en la cual la jueza Paola Campaña acogiera el pedido de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S.A y Conacero S.A, se realizaron allanamientos a 7 inmuebles ubicados en Quito.
En las diligencias realizadas se encontró documentación relacionada a las empresas procesadas. Además, se detuvo para fines investigativos a la hermana de Miriam C., que aparentemente pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados a Diacelec S.A. La Fiscalía General del Estado le inició una investigación previa en la que ordenará la pericia respectiva.
Paralelamente, en otro automóvil de propiedad de Miriam C., se detuvo a otro de sus hermanos, ya que en el interior del carro se encontró un arma de fuego con sus respectivas municiones, acción por la que la Fiscalía le formuló cargos, a través de procedimiento directo, por su presunta participación en el delito de tenencia ilegal de armas. La instrucción fiscal en este caso durará 10 días.
Dato:
La Jueza que lleva la causa dictaminó la incautación de automóviles registrados a nombre de Diacelec S.A y Conacero S.A cuyo valor bordea los USD 1 millón 400 mil.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 066-DC-2018
Quito, 01 de marzo de 2018.- Ratificando que los elementos de convicción recabados en la investigación son los necesarios para continuar con la instrucción fiscal en el delito de lavado de activos, una de las causas derivadas de la asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, la tarde y noche del miércoles 28 de febrero se realizó la audiencia de apelación a prisión preventiva de cuatro procesados.
Luego de las intervenciones de los sujetos procesales, el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por el Dr. Fabián Fabara, acogió el pedido de la defensa y revocó la prisión preventiva de José A., Elvira I., Juan B., y Miriam C., emitida por la Jueza Paola Campaña el pasado 9 de enero de 2018 en la audiencia de formulación de cargos.
Con una duración de aproximadamente 6 horas, en la diligencia realizada, los abogados de la defensa no pudieron objetar los elementos de convicción presentados por la Dra. Ivonne Proaño de la Unidad de Lavado de Activos de institución quién sostuvo que la cifra con la cual se habría suscitado el delito de lavado de activos es de USD. 10 millones a través de las empresas Diacelec y Conacero S.A. ambas de propiedad de Édgar A.Q.
El Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha basó la revocatoria en que existe desproporción en la privación de libertad, en el bien jurídico y que hasta esta instancia el accionar de los procesados no va en contra del régimen económico del país, hipótesis que la Fiscalía desvanecerá a través de las diligencias que realizará en los dos meses que faltan para que termine la instrucción fiscal.
Dato:
Los cuatro procesados que continúan como partícipes del delito del que se les acusa, tendrán que presentarse una vez por semana ante la Dra. Ivonne Proaño y tienen prohibido salir del país.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 029-DC-2019
Quito, 15 de febrero de 2019.- Con base en los elementos de convicción presentados por la fiscal Ivonne Proaño de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, el empresario Édgar A., 5 personas más y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A. fueron llamadas a juicio por presuntamente perjudicar al Estado por un valor que superaría los USD. 14 millones.
El acto ilícito se habría suscitado entre los años 2010 y 2016, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.
Columbia Management INC, tiene abierta una investigación por blanqueo de capitales y por actos de corrupción, habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran Elvira I. y José A, a favor de los también procesados Édgar A., Juan B y de las empresas antes mencionadas.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio la fiscal del caso también demostró a la jueza Ximena Rodríguez la existencia de dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en el sistema financiero nacional a través de las cuales, se habrían pagado el servicio de camiones blindados en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo cuyo valor aproximado es de USD. 9 millones 700 mil y que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.
Asimismo y bajo esta modalidad Elvira I., Gladys A., y Juan B., habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A. En Guayaquil habría sucedido algo similar, bajo este sistema se presume que se entregaron, en las oficinas de Torres del Mall, USD. 4´355.901 a favor de José Conceição Santos y Gerardo de Sousa, trabajadores de la constructora Odebrecht.
Sobre los procesados y su participación
Édgar A., presunto autor directo del delito, es accionista mayoritario, gerente de Diacelec y único accionista de Columbia Management que recibía dinero de la empresa offshore de Odebrecht en Panamá. Existe en su contra una sentencia condenatoria por el delito de asociación ilícita.
Elvira I., presunta autora directa, firma autorizada de las dos cuentas que no fueron registradas en el sistema financiero nacional y de la cuales se habría realizado el pago de servicio de camiones blindados. Gerente Administrativa Financiera de Diacelec S.A.y accionista mayoritaria de Conacero S.A. Habría recibido a través del servicio de camiones blindados USD 288.946
Juan B., presunto coautor, accionista minoritario de Diacelec S.A.y firma autorizada de una de las cuentas que no fueron registradas en el sistema financiero nacional de la cual se habría realizado el pago de servicio de camiones blindados y de la que habría recibido USD 9´758.353 y de Columbia Management USD 2´337.000.
José A., presunto coautor, firma autorizada Columbia Management en Panamá y apoderado especial de esta empresa en Ecuador, se habría aprovechado de este cargo para comprar acciones a favor de Édgar A. y Elvira I.
Gladis A., presunta coautora y jefa financiera de Conacero S.A y Diacelec S.A., recibía órdenes directas de Édgar A., y Elvira I. y se habría beneficiado a través del servicio de camiones blindados con USD 355.596 y con tres cheques por USD 19.000 de una de las cuentas que no fueron registradas en el sistema nacional.
Miriam C., presunta cómplice. Entre el 2010 y 2016, fue contadora de Conacero S.A y Diacelec S.A.
Diacelec S.A. registra dos cuentas ocultas en el sistema financiero nacional. La una de ahorros con USD 6´140.146 y la restante corriente con USD 17´874.840.
Conacero S.A. habría recibido de Columbia Management USD 815.000
Medidas cautelares
Ante el incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario por parte de Édgar A.Q., quien en más de una ocasión salió de su residencia, esto lo probó la Fiscalía a través de un informe detallado del SIS ECU 911, la jueza que dirigió esta diligencia dispuso la prisión preventiva del procesado.
A los procesados Elvira I., Juan B., José A. y Gladis A., (porta el brazalete de vigilancia electrónico) se les ratificó las medias cautelares que les fueron impuestas en diligencias anteriores esto es la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 177-DC-2019
Quito, 08 de julio de 2019.- En el Complejo Judicial Norte se instaló la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos en contra del empresario Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., pues habrían perjudicado al Estado por un valor de 14’ 602.238,49 de dólares.
En esta audiencia, la fiscal Ivonne Proaño de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentará las pruebas testimoniales, periciales y documentales que demostrarían la participación de los procesados en el delito que se investiga.
Según expuso la Fiscal, el acto ilícito se habría suscitado entre los años 2010 y 2016, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.
Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran de los procesados Elvira I. y José A. a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas antes mencionadas.
Además existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo cuyo valor aproximado es de 9 millones 700 mil dólares y que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.
Asimismo, bajo esta modalidad Elvira I., Gladys A., y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A. En Guayaquil habría sucedido algo similar, bajo este sistema se presume que se entregaron, en las oficinas de Torres del Mall, 4´355.901 de dólares a favor de José Conceição Santos y Gerardo de Sousa, trabajadores de la constructora Odebrecht.
A la audiencia de juzgamiento asistieron los procuradores judiciales de la UAFE, sin embargo el Tribunal conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, declararon abandonada la acusación, violando el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.
En el primer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó dos testigos de cincuenta que fueron convocados. La diligencia se reinstalará este 9 de julio a las 8:00.
Los procesados
Édgar A., presunto autor directo del delito, es accionista mayoritario, gerente de Diacelec y único accionista de Columbia Management que recibía dinero de la empresa offshore de Odebrecht en Panamá. Existe en su contra una sentencia condenatoria por el delito de asociación ilícita.
Elvira I., presunta autora directa, firma autorizada de las dos cuentas que no fueron registradas en la contabilidad y desde la cuales se habría realizado el pago de servicio de camiones blindados. Gerente Administrativa Financiera de Diacelec S.A. y accionista mayoritaria de Conacero S.A.
Juan B., presunto coautor, accionista minoritario de Diacelec S.A. y firma autorizada de una de las cuentas que no fueron registradas en la contabilidad.
José A., presunto coautor, firma autorizada de Columbia Management INC en Panamá y apoderado especial de esta empresa en Ecuador, se habría aprovechado de este cargo para comprar acciones a favor de Édgar A. y Elvira I.
Gladis A., presunta coautora y jefa financiera de Conacero S.A. y Diacelec S.A., recibía órdenes directas de Édgar A., y Elvira I. y se habría beneficiado a través del servicio de camiones blindados.
Miriam C., presunta cómplice, entre 2010 y 2016, fue contadora de Conacero S.A y Diacelec S.A.
Diacelec S.A. registra dos cuentas ocultas en la contabilidad.
Conacero S.A. habría recibido de Columbia Management 815.000 dólares.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 179-DC-2019
Quito, 09 de julio de 2019.- Doce testigos presentó la Fiscalía en el segundo día de audiencia de juzgamiento en contra del empresario Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos.
En la audiencia participa la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, quien investigó el caso y recabó las pruebas testimoniales, periciales y documentales que sustentan la teoría del caso.
Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Gladis A., Miriam C. y las empresas mencionadas habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.
Servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos fueron las personas que dieron hoy su testimonio en la diligencia que se desarrolla en el Complejo Judicial del norte de Quito.
Entre los principales testigos consta una funcionaria de la UAFE, que efectuó un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que reveló las transacciones económicas inusuales de la empresa Diacelec S.A., de su principal accionista Édgar A., su esposa Elvira I. y su hijo José Luis A. -todos procesados en este caso-.
Respecto a Diacelec S.A., la testigo dijo al Tribunal de Garantías Penales que esta empresa declaró al Servicio de Rentas Internas ingresos por más de 222 millones de dólares, pero que sus estados de cuenta indican movimientos por casi 397 millones de dólares. Además se conoció que Diacelec recibió transferencias por más de 85 millones de Odebrecht y otras empresas vinculadas.
Otra testigo, también servidora de la UAFE, que realizó un informe de movimiento ampliado en relación a Conacero S.A., indicó que -en el periodo 2013 – 2016- la empresa declaró ingresos por más de 13 millones de dólares, mientras que sus acreditaciones en cuentas sobrepasa los 21 millones de dólares.
Del 2010 al 2017 registra ingresos por 39’958.360, correspondientes a transferencias o depósitos en cuentas, siendo el principal ordenante de transferencias Columbia Management INC.
Mientras que una funcionara del Servicio de Rentas Internas (SRI) manifestó que realizó un proceso de control para verificar las ventas de Diacelec S.A. a la empresa brasileña Odebrecht, llegando a la conclusión de que entre 2010 y 2016 se efectuaron aproximadamente 1.350 transacciones, a través de llamadas, fax y correos electrónicos. Es decir, no habían contratos para su verificación.
Otra servidora del SRI que realizó una inspección in situ a la empresa Diacelec indicó que no se le entregaron los contratos del préstamo que le hizo Columbia Management de Panamá, sino solo copias simples. Es decir, no hay ningún documento de respaldo.
La audiencia se reinstaló esta mañana, a las 08:00, y se suspendió casi a las 19:00. El Tribunal dispuso que la diligencia continúe este miércoles 10 de julio, a partir de las 8:00.
Teoría del caso
Entre los años 2010 y 2016, Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y José A., a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.
Además existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9 millones 700 mil dólares), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 181-DC-2019
Quito, 10 de julio de 2019.- La fiscal Ivonne Proaño, coordinadora de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, continúa con la presentación de la prueba testimonial en la audiencia de juzgamiento en contra del empresario Édgar A., cinco ciudadanos más y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos.
Seis testigos presentó la Fiscalía en el tercer día de audiencia, ante el Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza.
Hasta el momento han dado su testimonio veinte personas en estos tres días.
La mañana de este 10 de julio, el presidente de una empresa fiduciaria indicó en su testimonio que los procesados, Édgar A. y su esposa, Elvira I., constituyeron un fideicomiso en el que constan cinco bienes inmuebles, cuyo valor supera el 1’750.000 dólares y los beneficiarios son los antes mencionados.
También testificó una secretaria de Diacelec y Conacero, quien trabajó directamente con Édgar A. Ella mencionó que uno de los principales clientes de estas empresas era Odebrecht e indicó que Diacelec tenía solo una cuenta bancaria en tres diferentes bancos del país.
Además, otra trabajadora de estas empresas expresó que en una ocasión la procesada, Gladys A., a pesar de que ya no trabajaba en Diacelec, firmó un acta como asesora externa, mediante la cual entregó información al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Esta ciudadana también señaló que Diacelec tenía solo una cuenta bancaria en tres bancos diferentes, a pesar de que esta empresa registra dos cuentas adicionales que no las conocían algunos de sus empleados ni los auditores externos.
Según la Fiscalía, a través de estas cuentas bancarias –que no constaban en la contabilidad– se habría pagado el servicio de camiones blindados en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo, que se presume fue entregado en las oficinas de Diacelec y de Odebrecht.
Datos de interés
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 187-DC-2019
Quito, 11 de julio de 2019.- En el cuarto día de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos, la fiscal Ivonne Proaño, coordinadora de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó el testimonio de siete personas, que fueron convocadas a esta diligencia.
En este caso, los procesados son el empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., quienes habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.
Esta mañana, ante el Tribunal de Garantías Penales, dieron su testimonio exfuncionarios de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Una de ellas fue asistente ejecutiva de José Conceicao Santos y de otros directores de esa empresa, como Geraldo Pereira de Souza. Indicó que éste último se reunió en las oficinas de la constructora en Quito, con Édgar A., Elvira I. y Juan B. Además confirmó que -por disposición de José Conceicao Santos- por cuatro ocasiones recibió dinero a través del servicio de camiones blindados.
Los montos fueron: 253.350 dólares, 103.420 dólares, 400.000 dólares y 250.000 dólares, cantidades enviadas por la empresa Diacelec, según constaba en las guías de remisión de los blindados que ella firmó cuando recibió las fundas.
Otra extrabajadora dijo que una vez recibido este servicio -por orden de Geraldo Pereira de Souza- el sobre contenía más de 400.000 dólares. Ese dinero también era enviado por Diacelec, quien, según la testigo, era proveedor de Odebrecht.
También, mediante videoconferencia, dos exfuncionarios de la constructora brasileña, que laboraban en las oficinas de Guayaquil, aseveraron que -por orden de su jefe, Geraldo Pereira de Souza- en aproximadamente 16 ocasiones recibieron dinero mediante el servicio de camiones blindados, por un monto que superaría los 4’300.000 dólares, de parte de Diacelec.
Añadieron que los paquetes sellados eran entregados a su jefe de inmediato, pero que ese dinero nunca ingresó en la contabilidad de la constructora ni fue registrado en algún documento.
Además dio su testimonio un funcionario de un banco, quien señaló que otorgó información de aproximadamente 30 pedidos de transporte blindado de dinero, desde tres cuentas de Diacelec, autorizados por Édgar A., Elvira I. y Juan B., quienes eran los beneficiarios.
Con estas declaraciones se confirmó la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el primer día de audiencia. Según la fiscal Ivonne Proaño, Diacelec registra dos cuentas bancarias adicionales, que no aparecían en la contabilidad ni eran conocidas por los auditores externos, mediante las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo que -se presume- fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.
Datos de interés
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 206-DC-2019
Quito, 24 de julio de 2019.- En el Complejo Judicial Norte, se desarrolló el sexto día de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos, en contra de seis ciudadanos y dos personas jurídicas.
La fiscal Ivonne Proaño, coordinadora de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos, de la Fiscalía General del Estado, continúa con la presentación de la prueba ante el Tribunal de Garantías Penales.
Durante esta jornada, Fiscalía presentó tres pruebas periciales: la primera de extracción de información de dispositivos electrónicos, la segunda una pericia documentológica y una tercera contable, en contra de los procesados Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por su presunta responsabilidad en el hecho que se investiga, que habría generado un perjuicio al Estado por un monto de 14’602.238,49 dólares.
Con estas pruebas, la Fiscal del caso evidenció los inusuales movimientos en las cuentas bancarias de la empresa Diacelec y de su accionista mayoritario y gerente, Édgar A, con montos que -en algunos casos- superan el millón de dólares.
Algunos de estos se habrían efectuado a la compañía Columbia Management INC (domiciliada en Panamá), cuyo único accionista y beneficiario final sería Édgar A. Y otros a cuentas bancarias de Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de otros procesados en esta causa.
El peritaje contable realizado a las cuentas bancarias de los procesados, en el período 2010 – 2016, determinó que, en la mayoría de los casos, los ingresos reportados a través del sistema financiero nacional no corresponden con lo declarado al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este caso cuenta con un expediente de 458 cuerpos y un total de 53.142 fojas, producto de la investigación.
La reinstalación de la audiencia fue señalada para el miércoles 30 de julio de 2019, a las 14:00.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 335-DC-2019
Quito, 05 de septiembre de 2019.- Antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra del empresario Édgar A., cinco ciudadanos más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A., el Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir conociendo la causa.
Los jueces indicaron que el Consejo de la Judicatura les notificó sobre el inicio de un sumario administrativo, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pusiera una queja en su contra, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el pasado 8 de julio, los jueces declararon abandonada la acusación particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa institución estuvieron presentes.
El Tribunal consideró que se ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir en la actuación de los jueces y juezas del país, por lo que informaron sobre su excusa, la mañana de este 5 de septiembre.
En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó cuarenta y cuatro testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.
En este octavo día se tenía previsto concluir con la prueba testimonial y dar paso a la prueba documental.
El caso
La Fiscalía procesa a Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, pues habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.
Entre los años 2010 y 2016, Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y José A., a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.
Además existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de dólares), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.
Dato de interés
El expediente de este caso tiene 458 cuerpos y un total de 53.142 fojas.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 340-DC-2019
Quito, 06 de septiembre de 2019.- Con la presencia de la fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, el exfuncionario de Odebrecht, José Conceição Santos, dio su testimonio anticipado ante la jueza nacional Daniella Camacho, dentro del caso “Sobornos 2012-2016”. La diligencia se realizó a través de videoconferencia desde el consulado de Ecuador en Sao Paulo, Brasil.
El testimonio de Conceição Santos duró más de una hora. Además, respondió las preguntas de las partes procesales y proporcionó información sobre este caso que sigue la Fiscalía por la presunta entrega irregular de aportes económicos a funcionarios públicos, entre ellos militantes del movimiento político Alianza País (AP).
Durante la recepción de su testimonio, dijo que trabajó para la constructora Odebrecht de 2010 a 2016.
Reafirmó que, a partir del retorno de la empresa brasileña al Ecuador, fue contactado por Ricardo R., tío del exvicepresidente Jorge G., con quien acordaron cobrar un “peaje”, es decir las empresas que querían participar en los proyectos de los sectores estratégicos debían pagar una coima. Así lo hizo Odebrecht.
El testigo señaló que los porcentajes que pagaban eran entre 1.3% y 1.5 %. El dinero se habría cancelado a través de empresas offshore y en efectivo a Ricardo R. y a Pamela M.(exasesora de Rafael C.)
Mencionó que conoció a Pamela M. a través de Jorge G. y confirmó que mantenía reuniones con ella en un edificio ubicado en el centro norte de Quito, lugar en que le habría entregado sobres con dinero. Indicó, además, que Jorge G., en 2013 le solicitó aportes para la campaña presidencial, a lo que respondió que ese dinero lo descontaría del valor acordado en los “peajes”.
Expresó que los recursos en efectivo para los pagos de las coimas fueron ingresados a Ecuador a través de los envíos a la offshore Columbia Management, de propiedad de Édgar A. y de las empresas Diacelec y Equitransa.
Con Nexo Global, dijo que entre 2013 y 2016 hubo un contrato ficticio para la emisión de facturas por el concepto de asesoría para nóminas.
Con estos recursos se habrían pagado las sabatinas, transporte y sonido para las campañas electorales de Alianza País.
También señaló que entre 2012 y 2013 entregó a Pamela M. aproximadamente 2.6 millones de dólares para la campaña presidencial y para las elecciones seccionales, y en 2014, aproximadamente 2.5 millones. Asimismo, por la facturación de Nexo Global le habría dado 434.000 dólares aproximadamente.
Conceição Santos aseguró que Walter S. tenía conocimiento de este esquema de pagos y que Alexis M. también le habría solicitado una contribución de tres millones de dólares.
Con base en el acuerdo de cooperación suscrito entre la Procuraduría de Brasil y la Fiscalía General del Estado, los exdirectivos tienen la obligación de colaborar con las investigaciones relacionadas a la red de corrupción de Odebrecht y proporcionar toda la información requerida.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 668-DC-2019
Quito, 22 de noviembre de 2019.- En el octavo día de la audiencia de juzgamiento contra el empresario Édgar A., cinco ciudadanos más y dos personas jurídicas, Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, Fiscalía concluyó con la presentación de la prueba testimonial.
En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó cuarenta y seis testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.
En horas de la tarde, el Juez ponente suspendió la audiencia y dispuso que se reinstale el martes 26 de noviembre, a partir de las 08:30. Ese día, Fiscalía presentará la prueba documental.
El caso
Fiscalía procesa a Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., pues habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.
Entre los años 2010 y 2016, Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas en dos bancos de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y José A., a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.
Además, existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de dólares), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 681-DC-2019
El empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., son procesados por ocasionar un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano por más de 14 millones de dólares.
Quito (Pichincha), 26 de noviembre de 2019.- Sesenta y tres pruebas documentales presentó la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento, en contra del empresario Édgar A., cinco ciudadanos más y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos.
En este noveno día de audiencia, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, uno a uno, detalló los documentos recabados durante la investigación de este caso, algunos de ellos están bajo cadena de custodia.
La Fiscal mencionó varios oficios del Servicio de Rentas Internas (SRI) que contienen información tributaria de los procesados. Además, presentó documentación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Superintendencia de Compañías, del Registro de la Propiedad, de la Agencia Nacional de Tránsito y del Ministerio del Interior, entre otras instituciones públicas.
Otra de las pruebas fue la copia certificada de la sentencia dictada, en enero de 2018, contra Édgar A. como autor del delito de asociación ilícita y la ratificación de este fallo en segunda instancia.
También presentó documentos bancarios que certifican el traslado de dinero en efectivo, a través del servicio de carros blindados, autorizados por Elvira I. desde la cuenta de Diacelec a las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.
De la misma forma, la fiscal Ivonne Proaño se refirió a tres asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá.
Esta prueba documental se suma a los más de cuarenta testigos que presentó la Fiscalía en días anteriores, entre peritos, extrabajadores de Odebrecht, servidores de la UAFE, del SRI, de Diacelec y Conacero.
La audiencia se suspendió a las 18:30 y el Juez ponente anunció que se reinstalará este viernes 29 de noviembre, a las 8:30.
Dato
Entre el 2010 y 2016, Édgar A., accionista y beneficiario de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 698-DC-2019
Quito (Pichincha), 29 de noviembre de 2019.- En el décimo día de audiencia de juzgamiento, por el presunto delito de lavado de activos en contra de seis ciudadanos, entre ellos el empresario Édgar A. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., la defensa de los procesados inició con la presentación de la prueba de descargo.
Previo a ello, el juez ponente, Pablo Coello, dispuso que se incorpore al proceso la prueba documental presentada por Fiscalía el pasado 26 de noviembre y agregó que las alegaciones de la defensa serán consideradas en el momento.
La tarde de este 29 de noviembre, la defensa de Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A. y de su colaborador Juan B. presentó testigos de honorabilidad como parte de su prueba. Además, dieron su testimonio sin juramento ante el Tribunal de Garantías Penales.
Según Fiscalía, el ilícito habría ocurrido entre 2010 y 2016: Édgar A., accionista y beneficiario de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
El Juez ponente suspendió la audiencia y anunció que se reinstalará el próximo 13 de diciembre, para que los procesados concluyan con la exposición de sus elementos probatorios.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 747-DC-2019
Quito (Pichincha), 13 de diciembre de 2019.- Durante el undécimo día de audiencia de juzgamiento en contra de seis ciudadanos, entre ellos el empresario Édgar A. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, las defensas de varios procesados expusieron sus pruebas.
La mañana de este 13 de diciembre, la defensa de Édgar A., Elvira I., José Luis A. y Juan B. terminó con la prueba testimonial y presentó la prueba documental.
Mientras que en la tarde, las procesadas Gladis A. y Miriam C. dieron su testimonio sin juramento ante el Tribunal de Garantías Penales y sus defensas técnicas expusieron la prueba de descargo.
El juez ponente, Pablo Coello, suspendió la diligencia y anunció que ésta se reinstalará el próximo 23 de diciembre para que termine la presentación de la prueba e inicien los alegatos finales.
El hecho investigado
La Fiscalía procesa al empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., porque habrían ocasionado un perjuicio al Estado ecuatoriano por más de 14 millones de dólares.
El delito se habría cometido entre el 2010 y 2016. Édgar A., accionista y beneficiario de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 026-DC-2020
Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.- En el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado acusó al empresario Édgar A. como autor directo del delito de lavado de activos y pidió al Tribunal de Garantías Penales que sea sentenciado a una pena privativa de libertad de diez a trece años.
Lo mismo solicitó para los otros procesados en esta causa penal: Elvira I., Juan B., José Luis A. y Gladis A., acusados como coautores y para Miriam C., en calidad de cómplice del delito.
En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos, indicó que durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, demostró la materialidad del delito y la participación del empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., quienes ocasionaron un perjuicio al Estado por alrededor de 14’602.238,49 de dólares.
Según la Fiscal, en este caso existen delitos previos como la asociación ilícita, pues Édgar A. cumple una pena de seis años por el mismo caso en el que fue sentenciado el exvicepresidente de la República, Jorge G. Además, en Panamá se investiga al grupo de empresas del procesado Édgar A., por delitos contra el orden económico.
La Dra. Proaño explicó que el delito se suscitó entre los años 2010 y 2017, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.
Luego, Columbia Management INC transfirió y giró cheques desde sus cuentas bancarias de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran Édgar A., Elvira I. y José Luis A., a favor de Édgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S.A. y Conacero S.A.
Agregó que se comprobó que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se pagó el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.
La Fiscal señaló que en la audiencia se comprobó que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, pues conociendo que los activos eran de procedencia ilícita gestionaron la consumación del delito.
En relación a Diacelec S.A., se mencionó que esta empresa no registró dos cuentas en la contabilidad y recibió de Columbia Management más de 10 millones de dólares.
De la misma forma, Conacero S.A. recibió transferencias de Columbia Management por un valor de 815.000 dólares. Por tanto, la Fiscalía solicitó la disolución de estas empresas al haber sido utilizadas para la comisión del delito.
El Tribunal -conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza- suspendió la audiencia pasadas las 18:00 y anunció que la misma se reinstalará el próximo 6 de febrero, a las 08:30, para concluir con los alegatos de clausura.
Dato jurídico
Este caso se judicializa por el delito de lavado de activos, según el artículo 317, numerales 1,2,3,4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 162-DC-2020
Quito (Pichincha), 12 de febrero de 2020.- Después de catorce días de audiencia, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha senteció a siete años de prisión al empresario Édgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. También deberán cancelar una multa de 29’204.476 dólares.
Mientras que para las dos personas jurídicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvió su disolución y liquidación de sus bienes.
En el caso de los ciudadanos José Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratificó su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participación en el cometimiento del delito.
En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía, indicó que durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, se demostró la materialidad del delito y la participación de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14’602.238,49 dólares.
La Fiscal agregó que los hechos se suscitaron entre los años 2010 y 2017, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, había recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.
Luego, Columbia Management INC transfirió y giró cheques desde sus cuentas bancarias de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de Édgar A., Elvira I. y José Luis A., a favor de Édgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S. A. y Conacero S. A.
Además, la fiscal Proaño dijo que se comprobó que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S. A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se pagó el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A., y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.
La Fiscal señaló que en la audiencia se comprobó que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, y con conocimiento de los activos de procedencia ilícita gestionaron la consumación del delito.
En relación a Diacelec S.A., esta empresa no registró dos cuentas en la contabilidad y recibió de Columbia Management más de diez millones de dólares.
De igual forma, Conacero S.A. recibió transferencias de Columbia Management por 815.000 dólares.
Dato jurídico
Este caso se procesó por el delito de lavado de activos, conforme el artículo 317, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).