Fiscalía General del Estado investiga el presunto delito que se habría suscitado en el tiempo en el que Walter S. cumplía las funciones de Secretario Nacional del Agua. En ese período, dicha cartera de Estado solicitó al Ministerio de Finanzas ocho millones de dólares. Con parte de ese dinero se pagaron obligaciones derivadas de un contrato privado de honorarios, suscrito a través de un acta de mediación, hechos que los procesados conocían o en los que participaron. Posteriormente, el dinero restante fue devuelto al Estado.
La investigación determinó un posible perjuicio para el Estado de aproximadamente 2’450.000 dólares.