Dos ciudadanos procesados por desaparición de crías de tortugas gigantes
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 553-DC-2019
Galápagos, 29 de octubre de 2019.-El robo sistemático de tortugas gigantes en la isla Isabela tendría como fin su venta ilegal en otros países, en donde el comercio ilegal de vida silvestre mueve un mercado que afecta también a más especies protegidas.
Santa Cruz, 28 de octubre de 2019.- La supuesta participación de dos pescadores en la desaparición por vía marítima de 123 crías de tortugas gigantes del centro de crianza “Alfonso Tupiza”, ubicado en la isla Isabela de Galápagos, llevó a la Fiscalía a iniciar contra ellos un proceso penal por el presunto delito contra la flora y la fauna silvestre.
El hecho fue denunciado el 28 de septiembre de 2018 por autoridades del Parque Nacional Galápagos (PNG), y también motivó otra investigación por una presunta asociación ilícita en contra de dos guardaparques.
La investigación de Fiscalía pudo recabar elementos como grabaciones de audios, en donde los procesados explicaban cómo se ejecutaba el proceso de sustracción de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri hasta su venta en el mercado clandestino, según explicó el fiscal Christian Farez Falconí. Esta información, junto con una triangulación de llamadas telefónicas, pudo relacionar a los ciudadanos Paúl Adolfo T. M. y Gustavo Leonardo F. G., con el funcionamiento de una aparente red de traficantes de especies.
El agente fiscal detalló que el presunto ilícito se configuró al reemplazar las tortugas del Centro de Crianza con tortugas silvestres que no poseían chip informativo y eran marcadas manualmente en su caparazón para evitar sospechas. “Las tortugas del PNG tienen una marcación técnica que permite singularizarlas.
En el proceso se han encontrado inconsistencias en los tamaños y edades de crianza de los ejemplares que se encontraban en los corrales”, señaló.
En una primera diligencia, efectuada el 28 de septiembre pasado, Fiscalía formuló cargos en contra del ciudadano Gustavo Leonardo F. G., a quien el juez Milton Bojorque, dictó prisión preventiva.
Tras este procesamiento, se aprehendió al ciudadano Paúl Adolfo T. M., en la isla San Cristóbal con fines investigativos, para tomar su versión en el caso que se investiga. Su vinculación a esta instrucción fiscal se desarrolló el pasado 23 de octubre en la Unidad Judicial de Santa Cruz.
En la diligencia, Fiscalía presentó como principales elementos de convicción: la denuncia del director del PNG, Jorge Carrión; el informe de inspección “in situ” en el Centro de Crianza; el informe de reconocimiento e identificación de especies, elaborado por la autoridad ambiental; y el análisis genético de tortugas recuperadas en Perú.
La fundamentación de estos documentos permitió –a criterio del juez de Garantías Penales, Ramón Abad Gallardo– establecer la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la existencia del delito de acción pública investigado.
En consecuencia, dictó la prisión preventiva contra Paúl Adolfo T. M., para asegurar la presencia del procesado a las siguientes etapas, y la ampliación de treinta días de instrucción fiscal.
La Fiscalía no descarta futuras vinculaciones de presuntos colaboradores en este ilícito, entre estos, propietarios de barcos, funcionarios de control y otros.
Dato Jurídico
Este caso se procesó por el delito contra la flora y fauna silvestres tipificado en el artículo 247, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad, de uno a tres años, el transporte, tenencia y porte de especímenes de flora y fauna silvestres terrestres de especies amenazadas, en peligro de extinción, listadas a escala nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado.
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