Fiscal General presentó avances en caso de sobornos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 175-DC-2019
Quito, 08 de julio de 2019.- Cuarenta y ocho versiones receptadas, diecisiete autorizaciones judiciales, cinco audiencias judiciales, veintidós pericias y diligencias, y 168 requerimientos de información a igual número de instituciones; todas se han ejecutado alrededor de la investigación del caso de sobornos 2012-2016 (para financiamiento de campaña del movimiento Alianza PAIS y otros hechos).
Así lo informó la tarde de este lunes 8 de julio, la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, durante su comparecencia ante la Comisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde dio detalles de todo lo actuado hasta el momento por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro del mencionado proceso.
La máxima autoridad de la FGE agregó que existen más de 200 evidencias, que se encuentran en dieciocho cadenas de custodia, entre las que destacan agendas y cuadernos que manejaba Pamela M., que fueron encontrados en uno de sus inmuebles, todos con apuntes, en los que se registran códigos, nombres de funcionarios públicos, otras personas y de empresas. A esto se suma dinero en efectivo, en dólares y euros, computadoras incautadas en instituciones públicas, como la Presidencia de la República y la Corte Constitucional; evidencia recopilada en las empresas investigadas, que estarían relacionadas a estos hechos; computadoras, tablets, teléfonos celulares, documentos como facturas, soportes financieros, valores económicos, entre otros.
Respecto a las personas procesadas por estos hechos, mencionó los nombres de Pamela M. (exasesora del expresidente Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional) y Laura T. (exasesora de Pamela M.), quienes se encuentran cumpliendo prisión preventiva desde principios de mayo del año en curso y para quienes también se dictó la retención de bienes y la prohibición de enajenarlos por un monto de 350.000 y 150.000 dólares, respectivamente.
Además, María de los Ángeles D., exministra en el Gobierno de Correa, a quien se le dictaron medidas cautelares, como presentaciones periódicas, los días lunes y jueves, ante la Corte Nacional de Justicia, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico, medidas reales de incautación, retención y prohibición de enajenar bienes por el monto 2.5 millones de dólares.
Y Alexis M., exsecretario jurídico de Presidencia también en ese periodo, para quien se había dictado prisión preventiva, medidas reales de incautación, retención y prohibición de enajenar bienes por el monto 3.5 millones de dólares. Sin embargo, en la audiencia de apelación a la prisión del 3 de julio, por voto de mayoría, los jueces Jorge Flores Mier y Luis Enríquez revocaron la medida y la cambiaron por el uso de dispositivo electrónico y la prisión domiciliaria.
Al respecto, la Dra. Salazar manifestó que dicho fallo se dio sin que –siquiera– la defensa del procesado pidiera que se revisen las medidas impuestas con anterioridad.
Ambos exfuncionarios son procesados por concurso real de infracciones, contemplado en el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que se incluyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Durante su exposición, la Dra. Salazar fue clara en indicar que ‘unos son los tiempos del periodismo, otros los tiempos de la política y otros los tiempos de la justicia’ y que, en ese contexto, los avances de las investigaciones de Fiscalía continuarán en los tiempos que estipula la Ley.
Agregó, en ese marco, por ejemplo, ‘que ciertas personas –mencionadas en estas investigaciones– no hayan sido vinculadas aún, no significa que no vayan a serlo. Nuestra investigación está orientada de manera responsable a cerrar todo el círculo de la corrupción’ .
La principal de la FGE respondió los cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Fiscalización, quienes coincidieron en apuntar que el trabajo de Fiscalía es evidente y que estarán pendientes de los avances que se registren en este y otros casos. Tampoco desecharon la posibilidad de solicitar una nueva comparecencia a la máxima autoridad de la Institución.
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