Prisión preventiva para funcionarios de universidades suspendidas
Funcionarios de universidades cerradas en audiencia en Policía Judicial
Quito, 15 de junio de 2012.– Con base en la denuncia presentada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la Fiscalía y Policía Judicial, allanaron el jueves 14 de junio la residencia de varios funcionarios de las universidades suspendidas Autónoma de Quito (UNAQ) y Cristiana Latinoamericana (UCL).
En esos operativos se detuvo a ocho personas que ostentaban diversos cargos de responsabilidad en estos centros de estudios superiores, los mismos que fueron suspendidos por no cumplir con adecuados estándares de calidad académica.
Esto se desprende de un primer estudio hecho público en noviembre del 2009 por el Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior del Ecuador (Conea). Allí categorizó a todas las universidades del país en categorías que iban de la “A” a la “E”, siendo está última la reservada para aquellos centros de educación que no cumplían estándares mínimos de calidad.
A partir de esa fecha se estableció un período de mejoramiento para una segunda y definitiva evaluación que se dio a inicios del 2012. Mientras ello ocurría, estas universidades no podían promocionar, inscribir ni mucho menos matricular nuevos alumnos, medida que fue incumplida, según se desprende de la información recabada por la Senescyt.
El no acatamiento de esta disposición legal sirvió para que la Fiscalía formule cargos por presunta estafa. En ese contexto, en la audiencia que se realizó en la madrugada del viernes 15 de junio, el juez de Garantías Penales, Carlos Erazo acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Byron Granda en contra de los funcionarios de la UNAQ Vicente Alfonso Rojas Alvear, rector; Vicente Alfonso Rojas Ayala, docente; Luis Ayala Flores, contador; Fausto Alarcón Erazo, informático; Luis Freddy Huilca Pinos, analista de sistemas, y Luis Tabango Rojas, planificador.
Por su edad, José Leones Reyes y Enrique Proaño Galarza, servidores de la UCL se les concedió medidas sustitutivas.
Según cálculos iniciales, el perjuicio asciende a cuatro millones de dólares, con un perjuicio directo a más de 12 mil estudiantes que se inscribieron en las distintas universidades que no estaban habilitadas para ofertar programas educativos de pre y posgrado, como inscribir o matricular alumnos, manifestó el fiscal Byron Granda en la audiencia de formulación de cargos.