Jueza dicta medidas sustitutivas para jueces provinciales que otorgaron hábeas corpus a conviviente de alias “Gerald”

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 127-DC-2018

Quito, 11 de mayo de 2018.- La jueza nacional Daniela Camacho resolvió cambiar la prisión preventiva por medidas sustitutivas para Marco G., Luis M. y Carlos P., jueces de la Corte Provincial del Guayas, procesados por su presunta participación en el delito de prevaricato, pues habrían violado normas expresas al acoger un pedido de hábeas corpus y dejar en libertad a Julia M, conviviente de Washington P., alias “Gerald”.

La jueza nacional dictó para los tres jueces la prohibición de salida del país, el uso de dispositivo electrónico de vigilancia y la presentación semanal ante el Presidente de la Corte Provincial del Guayas. A estas medidas se suman la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de los fondos que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.

La defensa de los procesados argumentó que existen hechos nuevos que permitirían que se sustituya la prisión preventiva por medidas sustitutivas. Se hizo alusión a un dictamen de la Corte Constitucional que a su entender elimina el tipo penal de prevaricato cuando se trata de resoluciones constitucionales.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado, encargado, Paúl Pérez Reina solicitó que esa argumentación sea desestimada, así como la documentación presentada, que supondría un arraigo familiar y laboral por parte de los procesados. Con ese antecedente pidió que se ratifique las medidas dictadas en la audiencia de formulación de cargos del 19 de abril de 2018, lo cual, luego de su análisis, no fue acogido por la Jueza Camacho.

El prevaricato está tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.

El hecho investigado
El pasado 13 de abril, los jueces provinciales Marco G., Luis M. y Carlos P., aceptaron un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa de Julia M. En su resolución señalaron que existió vulneración de sus derechos constitucionales y ordenaron su libertad.

Julia M. estaba cumpliendo una pena de 28 meses por el delito de delincuencia organizada, tras acogerse al procedimiento abreviado, es decir, la procesada aceptó su participación en los hechos imputados.

Según la Fiscalía al aceptar el pedido de hábeas corpus, los jueces violaron las disposiciones legales y constitucionales de manera deliberada ya que su detención no fue de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, no estuvo en riesgo su integridad física y en ningún momento se vulneraron sus derechos.

 

 

 

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