5 procesados son llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 278-DC-2024
Quito (Pichincha), 29 de febrero de 2024.- Los más de ochenta elementos de convicción que forman parte del anuncio de prueba de Fiscalía –presentados en la audiencia preparatoria de juicio– fueron suficientes para cinco procesados por el asesinato del candidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio, sean llamados a juicio.
Con base en este fundamento probatorio, la jueza de Garantías Penales emitió esa resolución para Carlos Edwin A. L., Laura Dayanara C. V., Érick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elízabeth Ch. F., a quienes la Fiscal que lleva la causa acusó como autor mediato, coautora y cómplices, respectivamente.
Óscar Andrés F. F., también procesado por Fiscalía, fue sobreseído por la Jueza, quien afirmó no tener elementos suficientes para llamarlo a juicio.
La diligencia se instaló la mañana del 27 de febrero de 2024 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Al inicio de la audiencia, Fiscalía solicitó la extinción de la acción penal para siete de los procesados, que fueron encontrados sin vida en las cárceles donde guardaban prisión preventiva: seis (de nacionalidad colombiana) en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y uno en la cárcel de El Inca, en el norte de la capital, el 7 de octubre de 2023.
Una vez declarada extinta la acción penal para este grupo, la Jueza declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Institución y dio paso para que la Fiscal sustente su dictamen y presente su anuncio de prueba. Esto, luego de escuchar las intervenciones de las partes procesales, quienes debatieron sobre posibles vicios de procedimiento alegados por los abogados de los imputados.
El dictamen acusatorio
Los hechos investigados y señalados en el dictamen acusatorio datan del 9 de agosto de 2023, cerca de las 18:20, cuando se atentó contra la vida de Fernando Villavicencio a la salida de un mitin político, que se llevó a cabo en un coliseo del norte de Quito.
“Al momento de ser embarcado por su equipo de seguridad en una camioneta doble cabina, sujetos desconocidos realizan varios disparos de arma de fuego y asesinan al excandidato presidencial. También hirieron a doce ciudadanos, entre ellos tres policías, militantes políticos y una persona que circulaba en un vehículo”, señaló la Fiscal.
Los gatilleros se fugaron. Sin embargo, uno de ellos –Jojhan C.– recibió disparos y resulto herido en el disturbio. Minutos después perdió la vida.
Ante estos hechos, tres ejes de la Policía Nacional se articularon en un puesto de mando unificado, conociendo que los responsables estuvieron –antes de cometer el crimen– en una panadería cercana al lugar. Por los videos de las cámaras de seguridad, identificaron a uno de ellos –alias “El Chupado”–, ya que era un delincuente conocido.
Con este dato, ubicaron un domicilio en el sector de Monjas y lo allanaron. Allí seis ciudadanos colombianos (+) fueron aprehendidos y se levantaron trece terminales móviles, tres tablets y droga. Mientras que en un vehículo estacionado afuera del inmueble se encontró una maleta con un fusil calibre 223, un fusil 9 mm, cuatro pistolas, 384 cartuchos y tres granadas de fragmentación de uso militar.
El 10 de agosto de 2023, Fiscalía formuló cargos contra los aprehendidos.
Un mes después, y luego de que se aplicaran varias técnicas de investigación, Fiscalía vinculó al proceso a siete personas más: Carlos Edwin A. L., alias “El invisible”, quien es cabecilla del Grupo de Delincuencia Organizada Los Lobos; a Laura Dayanara C. V., Érick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F., José Leonardo M. C. (+), Alexandra Elízabeth Ch. F. y Óscar Andrés F. F. (sobreseído).
Los grados de participación
Carlos Edwin A. L., señalado como autor mediato, habría dado la orden a Jojhan C. (+) para asesinar a la víctima. Lo hizo vía celular desde el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, donde cumple una sentencia condenatoria por otro delito. Esto se conoció al extraer la información del celular del gatillero que perdió la vida después de haber cometido el crimen, a lo que se suman otros elementos de convicción.
Laura Dayanara C. V. –coautora– es líder de una de las facciones de “Los Lobos”. Participó en la planificación del atentado, a través de una videollamada con Carlos Edwin A., y se encargó de la logística: proporcionó al grupo de sicarios vehículos, dinero, armas, camisetas del partido de la víctima y gorras.
Además, la noche anterior recorrió los exteriores del coliseo, a bordo de un vehículo blanco. Esto se develó –entre otros elementos– por un testimonio anticipado entregado a Fiscalía.
Mientras que Érick Marcelo R. P., quien también se encargó de la logística y participó en la reunión de planificación del atentado, condujo una de las motos que escoltaba a Laura e hizo el reconocimiento del lugar aledaño al coliseo, la noche previa al asesinato. En su celular se encontraron fotos de armas, de él cargando armas y una foto de la matrícula de la moto que fue abandonada cerca del coliseo, el día del asesinato.
Víctor Alfonso F. también participó en la logística y planificación del crimen, y era el conductor de la segunda moto que escoltaba al vehículo que transportaba a Laura. En su teléfono se encontraron las fotos de tres de los ciudadanos colombianos (+), de las armas y granadas halladas el día del allanamiento el Monjas. Las pericias determinaron que este armamento es el mismo que usaron en el ataque al candidato.
Además, una persona –en su versión– señaló a Víctor Alfonso como participante de la reunión de la planificación, que se dio en un barrio del sur de Quito.
Finalmente, Alexandra Elízabeth Ch. F. se encontraba en el interior del coliseo en el mitin político para comunicar al grupo el momento exacto en el que Fernando Villavicencio salía del lugar. Es decir, actuó como “campanera”, lo que –a decir de la Fiscal– “dio luz verde”, señalando que era el término que utilizaba la organización delincuencial.
El testimonio anticipado develó qué cometieron este asesinato, porque les ofrecían ser “dueños de medio Quito” y también el “manejo de las cárceles”.
Información jurídica
Este caso se investigó y se procesa por asesinato, cometido en concentración masiva y contra un candidato a elección popular, delito tipificado en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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