4 personas fueron procesadas por lavado de activos dentro del caso “Afrodita”
El fiscal del caso, Edison Ayala, y su secretario Marco Espín (der.) en la audiencia de formulación de cargos.
Quito, 4 de mayo del 2017.- En audiencia de formulación de cargos, tres personas, integrantes de un grupo familiar, quedaron con prisión preventiva dentro del proceso abierto por el delito de lavado de activos del caso “Afrodita”.
Se trata de Jorge C. P. (padre); Andrea C. (hija) y Esteban C. (hijo), quienes habrían cometido presuntamente el delito de lavado de activos, dinero procedente de la trata de personas con fines de explotación sexual.
En la diligencia, que se realizó la mañana de este jueves 4 de mayo, también se ordenó en contra de Martha C.C. (madre), la presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país, al presentar un carné de discapacidad.
Esto se resolvió ante los cargos presentados por el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, Edison Ayala y que fueron acogidos por el juez Juan Andrés Salas, de la Unidad de Flagrancias, en Quito.
Todos los procesados fueron detenidos durante el operativo “Afrodita”, realizado entre las 17:00 del miércoles 3 de mayo y las 02:00 del jueves 4, diligencia liderada por la Fiscalía Provincial de Pichincha.
En el operativo intervinieron 11 fiscales de Pichincha, en 12 allanamientos realizados en dos casas de tolerancia y en inmuebles propiedad de la familia.
El fiscal Edison Ayala alista la presentación del caso “Afrodita” previo a la audiencia.
Así también, se determinó el bloqueo de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la incautación de los bienes de unos de los centro de tolerancia allanados durante el operativo, en Quito.
Según investigaciones de la Fiscalía, el capital familiar registrado en el sistema financiero nacional, entre 2010 y 2017, ascendió a 6.7 millones de dólares, dinero proveniente de los centros nocturnos que, además, laboraban sin permisos de funcionamiento y sin afiliación a las trabajadoras sexuales.
De estos millonarios ingresos, 3 millones habrían sido lavados con la compra de 8 bienes inmuebles avaluados en 900.539 dólares; con la adquisición de 15 autos, con un costo total de 357.797 dólares, además de la simulación de afiliación al Seguro Social de empleados e integrantes del núcleo familiar, explicó el fiscal del caso.
El grupo familiar no habría declarado sus ingresos al Servicio de Rentas Internas, por lo que la institución emitió un informe a la Fiscalía para sustentar esta investigación.
El delito de lavado de activos se sustenta en transferencias bancarias, documentos, transacciones ilegales, adquisición y venta de bienes, transacciones económicas a través del sistema financiero de recursos que son obtenidos de manera ilícita, a través de cualquier delito, como es la trata de personas.
El delito por el que procesó Fiscalía está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 317.1, numeral 3 literal a, que determina una pena de 10 a 13 años de prisión.