33 procesados por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencias en instituciones públicas

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 695-DC-2019

Fiscalía procesó y formuló cargos a los involucrados, entre los que se encuentran exfuncionarios públicos y dos extranjeros. Para 27 se dictó prisión preventiva y para los otros 6, medidas alternativas.

Guayaquil (Guayas), 29 de noviembre de 2019.- Tras casi doce horas de audiencia de formulación de cargos, Fiscalía procesó, por el presunto delito de asociación ilícita para realizar la oferta de tráfico de influencias, a treinta y tres ciudadanos, entre ellos, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos T.Z.; el exprefecto y exasambleísta, Guido V. O.; y, Renata J. R., familiar de un alto funcionario del Gobierno anterior.

Para ellos y otros 24 procesados, se dictó la medida de prisión preventiva. En el caso del exdirectivo del CPCCS, deberá cumplir la disposición judicial en la Cárcel 4 de Quito, para precautelar su integridad.

El juez de Garantías Penales, Marco Guerra, dictó medidas alternativas (prohibición de salida y presentación ante autoridad fiscal en sus jurisdicciones) para Jorge R. A., Silvia C. G., Álex A. A., Nelson M. V., Hugo A. A. y Néstor O. S., tras la valoración de arraigos laborales y familiares, como tener a su cuidado hijos con discapacidad o sufrir enfermedades graves.

Todos están acusados de ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre estas la Dirección de Aviación Civil (DAC), Aduana, Petroamazonas, hospitales públicos y otros, a cambio de grandes sumas de dinero que podrían llegar hasta los 26 millones de dólares por cargos administrativos de alta jerarquía, de acuerdo a escuchas telefónicas.

Además de adjudicación de contratos con entidades públicas, para lo cual presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

Los procesados fueron aprehendidos la madrugada del jueves 28 de noviembre durante el operativo “Emperador”, liderado por Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras un proceso investigativo de 4 meses de la Unidad de Administración Pública de Guayaquil.

Durante la diligencia efectuada la noche del 28 y madrugada del 29 de noviembre, en la Unidad Judicial de la parroquia Febres Cordero (Portete), el fiscal César Suárez Pilay expuso ante el Juzgador ocho elementos de convicción recopilados en diez cuerpos procesales, como los informes de vigilancia y seguimiento a los aprehendidos, que se recogen en un documento consolidado de doscientas páginas. Además, partes de aprehensión, la versión de dos perjudicados, análisis telefónicos y triangulación de llamadas de las comunicaciones que mantenían los sospechosos.

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, explicó que durante la etapa de instrucción fiscal, que durará noventa días, se profundizará en la investigación para esclarecer los hechos que lleven a la verdad procesal y con ello evitar la impunidad.

Alrededor de las 02:30, la diligencia se suspendió por cerca de una hora y media por un problema de salud que presentó el Juzgador. No obstante, tras una valoración médica y su posterior estabilización, la audiencia se retomó.

Dato jurídico

Este caso se procesó con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años, cuando dos o más personas se asocien para realizar el delito de oferta de tráfico de influencias, establecido en el artículo 286 del mismo cuerpo legal. Esta infracción se refiere a las personas que soliciten de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepten ofrecimiento o promesa.

 

 

 

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