2016, un año de impulso a la gestión ambiental de la Fiscalía
En agosto, Fiscalía judicializó a dos personas por la caza ilegal de una manada de Guanganas, en Orellana.
Quito, 28 de diciembre del 2016.- En mayo del 2016, la Fiscalía General del Estado publicó el primer ‘Manual sobre Derecho Penal Ambiental’, obra que constituyó un aporte fundamental para la sanción de delitos contra la biodiversidad y los recursos naturales. A la par, la Fiscalía ha judicializado casos como los de transporte de pepinos de mar en Galápagos y cacería ilegal de wanganas en Orellana.
Además, para fortalecer la investigación de estos delitos, el 29 de septiembre del 2016, la Fiscalía y el Ministerio del Ambiente (MAE), concretaron una alianza estratégica. Se trata del acceso a la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, la misma que contiene un registro de todas las especies biólogas presentes en el país.
Ambas herramientas, el ‘Manual sobre Derecho Penal Ambiental’ y la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, son el producto de la actual gestión en materia de derecho ambiental, del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, para marcar un precedente y evitar que delitos contra la naturaleza queden impunes.
El primer Manual sobre Derecho Penal Ambiental en el Ecuador
Con el objetivo de entregar una herramienta que explore los derechos de la biodiversidad, naturaleza, recursos naturales renovables y no renovables, garantizados en la Constitución y vigentes desde 2008, es que la Fiscalía impulsó la realización y publicación de esta obra en coordinación con la Sea Shepherd Conservation Society.
Este Manual combina perspectivas teóricas y prácticas de la aplicación de la jurisprudencia en casos judicializados sobre delitos ambientales. Además, realiza un análisis a las leyes nacionales y su relación con los tratados internacionales en esta materia.
Silvia Castro, asesora de la Fiscalía General del Estado, manifestó que la obra aporta al fortalecimiento de las capacidades en Derecho Penal Ambiental, materia de constantes debates y litigación en nuestro país.
Clic aquí para descargar el Manual.
Para Hugo Echeverría, experto en Derecho Ambiental de Sea Shepherd, durante el evento de presentación en el auditorio de la Fiscalía General del Estado, indicó que el Manual busca que los operadores de justicia puedan sustanciar sus causas para que no sean desechadas por falta de sustento jurídico y de aplicación de derechos, tanto de la naturaleza como de quienes la habita.
Además, la obra incluye un suplemento especial sobre la aplicación del Derecho Penal Ambiental en Galápagos, provincia que posee dos áreas naturales protegidas de fundamental importancia para Ecuador y el mundo.
Cooperación estratégica en la lucha contra los delitos ambientales
A partir del 2016, los fiscales cuentan con una herramienta práctica para judicializar los casos sobre delitos contra las especies de flora y fauna protegidas en el país.
La Base Nacional de Datos de Biodiversidad fue entregada por el Ministerio del Ambiente (MAE) a la Fiscalía General del Estado, el pasado 29 de septiembre, en la provincia de Orellana, durante la realización del Programa de Capacitación Especializada en Delitos Ambientales.
Esta plataforma informática contiene una ficha técnica por cada especie registrada en el Ecuador. Allí consta su nombre común y científico y la categoría de vulnerabilidad, así como los tratados nacionales o internacionales que las ampara.
Esta base está alojada en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del MAE y los fiscales de todo el Ecuador tendrán acceso directo para realizar sus consultas en línea.
Según la asesora de Fiscalía, Silvia Castro, esto permitirá resolver las inquietudes con rapidez, sobre todo cuando se trata de casos flagrantes. “Antes los fiscales tenían que esperar los resultados de las pericias solicitadas a los técnicos del MAE”.
En la Base Nacional de Datos de Biodiversidad están registradas 150 especies, con prioridad a las más vulnerables respecto al tráfico de vida silvestre. El MAE irá actualizando este registro a medida que se incorpore o descubran nuevas especies en territorio nacional.
Casos investigados que marcan un precedente
En Galápagos, provincia que incluye dos áreas protegidas; el Parque Nacional Galápagos, que abarca el 97% de la superficie terrestre y la Reserva Marina Galápagos, la Fiscalía llevó a juicio a un ciudadano por la tenencia y transporte ilegal de 3.712 pepinos de mar.
La Fiscalía acusó a Jonathan V. por el delito contra la flora y fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, luego de que el 21 de enero de 2016, en un control de equipaje en el aeropuerto de la Isla Baltra, se detectara que en tres cajas de pescado estaban camufladas 181 libras de pepino con destino al Ecuador continental.
Un peritaje confirmó que los pepinos decomisados pertenecen a una especie protegida en peligro de extinción dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Por este hecho, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, sentenció a Jonathan V., a tres años de privación de libertad.
En Orellana, también se logró sentenciar a dos personas por cazar, con escopeta y machete en mano, a una manada de guanganas (pecari de labio blanco), que nadaba en el río Napo. Esta es una de las especies en riesgo de extinción en la Amazonía ecuatoriana.
Joel V. y José S. fueron sentenciados a 3 y 2 años de privación de libertad, respectivamente. Ambos se acogieron al recurso de procedimiento directo (todas las etapas del proceso penal se resuelven en una sola audiencia) y fueron juzgados en audiencia realizada la noche del lunes 8 de agosto del 2016.
La judicialización de casos que atentan contra la preservación y los derechos del medio ambiente y la naturaleza es uno de los ejes de trabajo que impulsó la Fiscalía durante el 2016.
A través de los 226 puntos de atención de Fiscalía, las personas pueden acercarse a denunciar delitos contra la naturaleza.