17 años de privación de libertad logró la Fiscalía contra captadores de ‘mulas’


La fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno, explica el modo de operar de la organización delictiva en el caso “Ventarrón”.

Quito, 01 de junio del 2016.- La Fiscalía Provincial de Pichincha demostró, en audiencia de juicio, que cinco ciudadanos reclutaban personas, en calidad de ‘mulas’, para transportar en sus estómagos cocaína encapsulada en látex.

Los procesados recibieron una sentencia de 17 años de privación de libertad por el delito de organización y financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El fallo fue anunciado por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, integrado por Vladimir Jhayya, Pablo Coello y la jueza ponente, Ivón Vásquez. 

En la sentencia del caso “Ventarrón”, anunciada el 24 de mayo del 2016, también se determinó el pago de 300 salarios básicos unificados por parte de los cinco sentenciados.

Thania Moreno, fiscal Provincial de Pichincha, informó que en este caso la  organización delictiva “se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas a las que llaman ‘mulas’, por su difícil situación económica… así las captaban fácilmente para que lleven la droga a cambio de dinero, pero también les obligan a hacerlo”.

Acusación de la Fiscalía


Fiscal Pablo Santos, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI).

Pablo Santos, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), basó su acusación y teoría del caso en que este delito es de peligro abstracto, es decir, vulnera el bien  jurídico protegido que es la salud pública y también pone en riesgo la vida de las personas reclutadas como “mulas”.

Los sentenciados “engancharon a personas, organizándolas para el envío del clorhidrato, en cápsulas de látex (preservativos), las que debían tragar y llevar en sus organismos”, dijo el fiscal Santos.

Entre los cinco sentenciados, tres ecuatorianos y dos de otra nacionalidad, tenían divididos los roles para que la organización criminal funcione: el tramitador de las vacunas, los financistas, los reclutadores, los que compraban los pasajes de avión y los que tramitaban los pasaportes, las visas y otros documentos.

Los seguimientos y vigilancias se realizaron entre  el 10 y el 28  de junio del 2015. Los agentes investigadores establecieron que los sentenciados se reunieron en distintos lugares, como en los exteriores de la Cancillería ecuatoriana. También en los terminales terrestres, en el parque Ejido y en otros lugares de Pichincha.

Asimismo, en la provincia de Imbabura, en especial Otavalo, reclutaban a personas, cuyas características era la vulnerabilidad económica. Las personas eran enviadas a Turquía, Rusia y otros destinos.

La Fiscalía demostró en el juicio que, en promedio, las ‘mulas’ cargan entre 50 y 70 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de entre 600 y 700 gramos en cada persona. La oferta de pago por el transporte varía entre 4.000 y 7.000 dólares, que serían cancelados en el lugar del destino.