Fiscalía General del Estado ¡Impunidad, nunca más!

Sentencia en caso Coopera se obtuvo tras 11 meses de investigaciones de Fiscalía

La Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de 7 ciudadanos quienes habrían participado en el delito de peculado en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera.

El martes 20 de mayo de 2014, en la audiencia de juicio, el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay afirmó que las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía contribuyeron para evidenciar que se cometió el delito.

Con base en aquello, el Tribunal les declaró culpables a C.R.A.S. (exgerente), J.M.L.A. (exdirector de planificación), C.X.N.O. (exdirector financiero), R.E.C.P. (exauditor interno), A.S.C.L. (exdirector financiero), H.A.R.P. (exauditor externo) y C.J.A.E. (excontador). Este último se encuentra prófugo.

La Fiscalía inició su investigación en julio de 2013, a partir de un informe de la auditoría de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). En este se detectó el estado de iliquidez y problemas de solvencia de Coopera en el balance financiero del 2012 y obligó a revisar los balances de años anteriores.

Inicialmente se reveló que existieron pérdidas por 12.000.000 de dólares a diciembre del 2012. El fiscal Alfredo Serrano informó que, a junio del 2013, las pérdidas son por alrededor de 45 millones de dólares.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que en el 2010, 2011 y 2012 se ocultó la situación financiera real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera. Además se generaron ingresos inexistentes y se detectaron pérdidas que no están registradas en los balances.

El fiscal Serrano informó que el exgerente utilizó los fondos de Coopera para beneficio propio y de terceras personas. Estos malos manejos ocasionaron que en junio del 2013 se cerrará la entidad financiera, en ese entonces con alrededor de 114.000 socios.

El Tribunal, que emitirá la sentencia por escrito en los próximos días, señaló que, de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, C.R.A.S. “conocía del estado financiero de Coopera, disponía la compra de activos sobrevalorados, distraía recursos de los depositantes para uso personal, sabía de la existencia de cheques almacenados que no tenían registro de cobro”.

En la audiencia de juicio, que duró 6 días, la Fiscalía presentó 13 testigos y peritos, entre ellos funcionarios de la SEPS, quienes detallaron los “hallazgos encontrados en la entidad financiera”.

En el caso Coopera también se efectúa otro proceso por delito de lavado de activos, en el que están acusados 9 ciudadanos. La audiencia de juicio será el próximo 26 de mayo y será solo para 3 de los que fueron sentenciados por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Los demás se encuentran prófugos.

En este, la Fiscalía investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de Coopera, por un monto de USD 31.000.000, y que se hicieron desde Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). El dinero corresponderían al pago de las exportaciones de productos químicos y agropecuarios, que realizaban 12 empresas presuntamente ficticias.

La Fiscalía abrió investigaciones el 6 de junio del 2013, con el informe de las transacciones presentado por la SEPS. El 8 de junio se inició  la instrucción fiscal.

Cronología

20 de mayo de 2014. El Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay, integrado por Carmita Campoverde, Patricia Novillo y Jorge Guillermo, declararon culpables a los siete acusados.

25 de Marzo de 2014. La Primera Sala de lo Penal del Azuay ratificó el auto de llamamiento a juicio para cinco procesados que presentaron el recurso de nulidad.

28 de Enero de 2014. La Fiscalía solicita el auto de llamamiento a juicio para 8 procesados y se abstiene de acusar a dos. El Juez de Garantías Penales del Azuay, Miguel Arias, llamo a juicio a siete y dio el sobreseimiento provisional a uno.

11 de Septiembre de 2013. Seis presuntos responsables de la comisión de este delito fueron vinculados.

24 de Agosto de 2013. Se efectuó la audiencia de formulación de cargos, en la que se procesó a cuatro de los acusados.

3 de Julio de 2013. Se recepta la denuncia del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, con el informe de auditoría efectuado a Coopera. Con esto se inicia las investigaciones.

El procedimiento abreviado, un recurso legal para acelerar los procesos

Guayaquil, 10 de mayo del 2014.- Acompañados por su abogado defensor, ‘Freddy’ y ‘Ángel’, de 22 y 26 años, fueron trasladados el 18 de abril del 2014 a la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de Guayaquil, para continuar con el proceso judicial en su contra luego de permanecer detenidos durante un mes por el delito de robo simple.

Ese día se efectuaba la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía debía acusarlos o no de que, presuntamente, sustraerse un teléfono celular y otras pertenencias a un ciudadano. En caso de que ser acusados, el Juzgado Tercero de Garantías Penales del Guayas debía fijar una nueva fecha para juzgarlos.

Sin embargo, la Fiscalía resolvió, en mutuo acuerdo con el abogado defensor de los procesados, solicitar al juez se aplique el procedimiento abreviado con el fin de resolver la situación jurídica de los imputados en la misma diligencia. Tan solo 20 minutos le tomó al Juzgado llegar a una resolución: los sentenció a un año de prisión.

Este recurso es el principal procedimiento adoptado por la Fiscalía para acortar los plazos ordinarios de un proceso judicial y obtener sentencias en pro de una justicia oportuna.

La aplicación de este recurso está vigente desde el 24 de marzo de 2009, cuando se dieron varias reformas al Código de Procedimiento Penal.

El fiscal William Aguilar, coordinador de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Guayas, indica que esta es una salida alternativa a todo el procedimiento penal y en Guayaquil se lo aplica en, al menos, el 60% de los procesos iniciados por delitos menores.

Se trata de los casos relacionados con el robo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, plagio, abuso de confianza, lesiones o estafa.

El fiscal Aguilar explica que para acogerse a este método de juzgamiento, la persona acusada debe aceptar el cometimiento o participación en un delito. “Esto debe ser libre y voluntario sin que pueda existir alguna persona que lo presione”, manifiesta el funcionario.

Aguilar enfatiza que para esto,  el defensor debe acreditar con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violar sus derechos fundamentales.

El abogado en el libre ejercicio David Villamar relata que puso a consideración de sus defendidos (‘Freddy’ y ‘Ángel’) la aplicación de esta herramienta jurídica. El objetivo de la misma es agilizar su situación procesal y obtener así una sanción que no sobrepase los cinco años de prisión, como lo estipula el Art. 551 del Código Penal vigente.

En este caso, la Fiscalía llegó a un acuerdo con el abogado patrocinador, con respecto a la pena, el mismo que fue dado a conocer al juez al inicio de la audiencia y fue ratificado al final con la sentencia de un año de prisión.    

A criterio del fiscal Santiago Rivadeneira, esta herramienta legal cumple con los principios de mínima intervención penal y celeridad, establecidos en la Constitución, pues se ahorran diligencias como la audiencia de formulación de cargos, audiencia de dictamen, auto de llamamiento a juicio e inclusive la audiencia de juzgamiento.

“Con la oportuna aplicación de este medio,  la carga procesal baja considerablemente, aparte que se consigue la optimización, tanto de tiempo como de  recursos que se invierten en un proceso normal que puede llevar meses o años”, indica Rivadeneira.

Esto último se evitó en el caso de ‘Freddy’ y ‘Ángel’, quienes deberán pagar una pena que fue impuesta sin dilataciones y respetando sus derechos constitucionales.    

Datos:

El procedimiento abreviado, requiere de requisitos previos de procedibilidad para ser ejecutado, y son los siguientes:

Que se trate de un delito menor (hurto, robo, estafa, abuso de confianza, lesiones, amenazas, falsificación de instrumentos privados) o tentativa de la comisión de ese tipo de delito que tenga prevista una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

Que el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento.

Que el defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.